El Congreso de Michoacán plantea discutir y aprobar este martes en sesión del pleno reformas a dos artículos transitorios de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para que, de manera excepcional, la elección de la nueva rectora o rector para el periodo 2027-2031 se realice mediante la antigua Comisión de Rectoría y aplazar hasta el 2031 la designación “democrática” que se estableció en la nueva norma.
De acuerdo a la nueva legislación publicada el 8 de marzo del 2025 en el Periódico Oficial del estado, la elección del cargo de la Rectora o Rector de la Universidad tendría que realizarse de forma democrática, con la participación de los órganos de Gobierno y los tres sectores de la comunidad universitaria: las alumnas y los alumnos, las administrativas y los administrativos, las profesoras y los profesores, en activo.
Para llevar esto a la práctica, la máxima casa de estudios tenía “un plazo no mayor de ciento noventa días hábiles” a partir de la entrada en vigor del Decreto para realizar las adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas, que venció el 18 de febrero del 2026 sin que se haya concretado cambio alguno.
Ante ello, en calidad de Iniciativa Ciudadana, el documento fue presentado al Congreso local por Jesús Eduardo Mendoza Gómez, Francisco Javier Domínguez Mota, Alfonso Castañeda Cervantes y Ricardo Miguel Pérez Munguía, quienes propusieron la excepción.
Argumentaron que la ausencia de reglas completas o la adopción tardía de procedimientos podría afectar la legalidad, la certeza, la imparcialidad, la igualdad de participación y la continuidad institucional, y con ello se logre generar un proceso no sólo legal sino legítimo.
Anexaron listas de 4 mil 301 integrantes de la comunidad universitaria que apoyan y respaldan la iniciativa ciudadana, con lo que se busca “acreditar la voluntad en favor del contenido de la reforma que se presenta” a efecto de cumplir con la parte sustantiva de toda consulta.
De igual forma, argumentaron que la situación en la UMSNH se ha complicado no sólo en lo relativo a la falta de normativa para la elección sino por diversos hechos que se considera fueron impulsados desde la rectoría y la autoridad administrativa, por lo que pidieron tomar en cuenta las 3 solicitudes de juicio político presentados en contra de la rectora.
Entre otros temas, aseguraron que se han registrado afectaciones a los derechos humanos y universitarios de docentes y alumnado en casos como los de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así como el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales; posibles violaciones al contrato colectivo y a derechos laborales de maestras y maestros, particularmente en la asignación de materias titulares e interinas.
Se refirieron también al incumplimiento reiterado de determinaciones de juzgados y Tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación.
Integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales consideraron procedente el dictamen, al señalar que la elección mediante la Comisión de Rectoría se aplicaría por única ocasión y que el nuevo mecanismo comenzaría a implementarse a partir de 2031.
En el Artículo Cuarto Transitorio se precisa que la elección de rector o rectora para el período 2027-2031 se realizará mediante la comisión de Rectoría que deberá quedar instalada dentro de los 10 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto y que deberá regirse por el reglamento del 2010.
De igual forma establece un plazo de 160 días hábiles que comenzarán a contar a partir del 7 de enero del 2027 para realizar la adecuación normativa para la elección del nuevo rector o rectora, de acuerdo a lo que señala la nueva Ley Orgánica; incluso establece que de aprobarse en lo que resta del año se aplicará hasta el proceso de elección 2031-20235.
Para aprobar la reforma se requiere una mayoría simple, es decir, la mitad de los diputados presentes en la sesión más uno.
