Día a día, la narrativa de que se está ganando terreno al crimen organizado, colisiona brutalmente con el conteo de los muertos y los constantes episodios violentos – algunos con una crudeza inhumana que aniquila -, que no dejan de sacudirnos como sociedad y secuestrar nuestra tranquilidad.
Uno de esos episodios lo es el asesinato a balazos de dos sacerdotes jesuitas, ocurrido la noche del pasado lunes, solo unas horas después de que las áreas de seguridad federal presumían de un descenso en la incidencia de homicidios dolosos.
Las víctimas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, llevaban a cabo labores pastorales en el municipio de Uraqui, en Chihuahua, localidad que tiene una fuerte presencia e influencia jesuita. No se metían con nadie. Su misión era incluso humanitaria y, aún así, fueron acribillados y sus cuerpos, ya inertes, extraídos por los mismos sicarios que los ejecutaron dentro del templo, solo porque pretendían dar los santos óleos a un guía de turistas que también acababan de asesinar.
Por eso, el tono con el que los Jesuitas de México exigieron justicia, es perfectamente entendible y se justifica. Su voz, seguramente es la de miles y miles de familias que han sido víctimas de la violencia en nuestro país: “hechos como estos no son aislados (…) Todos los días, hombres y mujeres son privadas arbitrariamente de la vida (…) Nos solidarizamos con tantas personas que padecen esta misma situación, sin que su sufrimiento suscite empatía y atención pública”.
Más tarde, el propio Presidente López Obrador admitió que ese lugar, el de Urique, “es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada”. Por ello, la hipótesis que endosa a sicarios ligados al Cártel de Sinaloa, la doble ejecución de los sacerdotes, cobró fuerza rápidamente como una sólida línea de investigación.
Casi de manera paralela, la organización civil Causa en Común había exhibido en redes sociales las cifras de los asesinatos en México y los comparaba con el acumulado de crímenes ocurridos en el gobierno de Felipe Calderón. Los saldos son demoledores. En tres años y medio del actual sexenio se contabilizaron 121 mil 655 asesinatos, una cifra superior ya a la de los seis años de la llamada “guerra de Calderón”.
El conteo va más allá. Detalla que de enero a mayo de este 2022 se registraron 12 mil 737 homicidios, el asesinato de mil 518 mujeres y el secuestro de 351 personas. Claro, en Palacio Nacional los datos son otros.
Y apenas repasábamos y digeríamos esas cifras, cuando en Zamora se registraba otro ataque sangriento. Un solitario hombre, arma en mano, disparó, sin ton ni son, a toda persona que se topara mientras escapaba de una persecución policial en plena zona urbana, la tarde el martes. El escenario fue de verdadero terror: ocho inocentes muertos y cuatro más heridos. Después, el criminal fue abatido por los agentes.
Esos son, trágicamente, un paisaje que se repite en todo el país, y Michoacán no es excepción. Ni tampoco su capital Morelia, donde la semana pasada nos amanecimos con otro horrendo ataque, donde cinco integrantes de una familia – tres mujeres y dos jóvenes de 15 y 17 años – fueron ejecutados a tiros dentro de su domicilio en la colonia El Resplandor.
Así, con esa saña, el crimen resplandece y eclipsa un errante esfuerzo gubernamental que palidece ante el avance y dominio territorial de los grupos criminales, los cuales gozan de una pasividad frustrante de la única fuerza armada capaz de hacerles frente. Al fin de cuentas, los criminales son seres humanos y hay que respetarles sus derechos.
Cintillo
Valeria tiene solo 15 años, es de Morelia y nada se sabe de ella desde hace mes y medio. Su familia tiene datos de que fue llevada a los límites de Michoacán y Guerrero, y asegura que el dominio que ejerce el crimen en esa zona tiene a raya a las autoridades, y a su mamá y hermanos ya sin aliento.
