Comunicar que, en un año, las vías ferroviarias no han sufrido ningún contratiempo que impida el paso del tren, no tendría que ser noticia en ninguna redacción, de ningún país que se presuma medianamente desarrollado en cualquier parte del mundo. Si no fuera porque estamos en Michoacán.
Aquí, trágicamente, sí es de sorprender que las vías del tren hayan cumplido un año sin sufrir de algún sabotaje, de esos que suelen ejecutar maestros de la CNTE y estudiantes normalistas, en su afán de elevar el nivel de presión contra las autoridades para tratar de ponerlas de rodillas, chantajear y obtener todo lo que piden.
Así estábamos habituados. El asalto al tren se convirtió en una práctica común del magisterio y de su semillero, las escuelas normales.
Tan solo entre 2016 y 2021, se contabilizaron 402 días de bloqueos en diferentes tramos de la red ferroviaria, principalmente a su paso por Uruapan y la zona urbana de Morelia, pero también en las inmediaciones de Tiripetío, donde los normalistas tienen, quizá, su búnker más poderoso en la entidad: una antigua hacienda que, más que escuela, funciona como trinchera para la guerrilla, el saqueo, el vandalismo y el sabotaje de caminos.
Si como dicen las cámaras empresariales, un día de bloqueo al tren significa pérdidas por 12 millones de pesos, estamos hablando de que, en ese periodo de cinco años, las pérdidas por interferir las vías alcanzaron casi los 5 mil millones de pesos.
Lo más grave y preocupante no es solo el severo golpe a la economía, sino que no hay un solo responsable por ello en la cárcel. Por el contrario, sus autores siguen en las calles dando cátedra de otros ataques que también ejecutan a la perfección. Bloquean carreteras, retienen vehículos de empresas repartidoras, los vandalizan, saquean sus mercancías y, al estilo de las bandas criminales, incendian unidades con bombas de fabricación casera.
Y tampoco pasa nada. Los delitos transcurren en cadena sin ninguna consecuencia, a pesar de que el ataque a las vías de comunicación, sean ferroviarias o carreteras, se castiga hasta con 30 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso. Así lo establece el Código Penal Federal.
Aún y con eso, en 2021 las vías del tren permanecieron 111 días secuestradas por estos grupos que tienen de rehén a Michoacán desde hace ya tres décadas. Sus acciones hacen ver a la entidad como un estado ingobernable, sin garantías para el libre tránsito. Y no quiere decir que lo sea, al menos no permanente, porque, aún y con eso, los michoacanos hemos logrado conquistas importantes en muchos terrenos, pero en la percepción esa imagen ha costado la fuga de importantes inversiones y un crecimiento lento, muy lento en materia económica y desarrollo. Varias entidades lo saben y lo han capitalizado. Ya nos rebasaron por la derecha.
El bloqueo a las vías, por ejemplo, provocó que las industrias optaran por retirar su capital o, en el mejor de los casos, mover por carretera el 65% de la mercancía que llega o va al puerto de Lázaro Cárdenas, lo que terminó por colapsar la mal llamada autopista Siglo XXI, convirtiéndola en una peligrosa trampa para quienes la transitan. En 2021, el saldo de accidentes en ese camino fue de 24 muertos y casi 40 heridos.
No es descabellado pensar que los autores del asalto al tren puedan enfrentar, incluso, cargos criminales por esas muertes. Los abogados seguramente tendrán más despejada esa idea que, ojalá, se llevara a la práctica.
Ya solo faltaría la determinación para aplicar el peso de la ley a los presuntos delincuentes, esos que – al amparo de la bandera estudiantil y magisterial – destruyen la estabilidad, la certeza jurídica y la paz, como una locomotora sin freno.
Cintillo
Descendientes de importantes políticos son prometedoras figuras del toreo, y muchos otros se dejan ver como asiduos aficionados a las corridas. La estocada que diputados dieron a la propuesta de prohibir la fiesta brava era, no previsible. Lo que le sigue.
