“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”. Montesquieu (1689 – 1755) Escritor y político francés.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo mandó su iniciativa de reforma electoral a la Cámara Federal de Diputados, tras prometer austeridad, acabar con la burocracia privilegiada y asegurar que “no busca debilitar la representación, sino perfeccionarla”. Pero, el más elemental análisis revela omisiones graves y un diseño que favorece la hegemonía de su partido mientras pone en jaque la organización de las elecciones.
Dejó fuera el asunto más grave que padecen las elecciones en México: la presencia del crimen organizado. Su propuesta tampoco incluye candados reales para combatir el financiamiento ilegal, ya sea desde el narco o instituciones públicas a través de prácticas como el huachicol fiscal. Sheinbaum habla de “más fiscalización” y de prohibir aportaciones en efectivo ilícitas y desde el extranjero, pero eso ya existe en la ley y no ha impedido que dichas prácticas contaminen distritos enteros.
Igual de grave, la reforma ignora los actos anticipados de campaña. Morena es lamentable ejemplo de la simulación a través de: “los defensores de la 4T”, “coordinadores” y “enlaces” que usan recursos públicos para recorrer el país, se vuelven omnipresentes y terminan como candidatos sin que los órganos electorales, ya sometidos, puedan frenarlos. Esa laxitud beneficia al partido en el poder que tiene la maquinaria estatal a su favor.
Además, el diseño institucional apunta a complicar la pluralidad. Reducir el Senado de 128 a 96 senadores —todos por mayoría relativa y primera minoría, sin pluris nacionales— premia al ganador absoluto en un país donde Morena gana en la mayoría de las entidades.
Con esta propuesta, las minorías se achican o desaparecen. Por eso hasta los partidos comparsas de Morena, como lo son el PT y PVEM, no acompañan la iniciativa porque ven sus bancadas en riesgo. Esto no democratiza: es el intento de un partido hegemónico.
Y claro, tampoco propone nada para regular con total claridad la sobrerrepresentación de la que Morena y aliados abusaron tras someter a los órganos electorales para lograr la mayoría calificada, con la que han destrozado contrapesos tan importantes para una democracia como el Poder Judicial y los organismos autónomos.
No es asunto menor el recorte del 25% al gasto electoral total, que incluye al INE, OPLES, partidos y tribunales. En 2024, el proceso electoral incluidas prerrogativas de los partidos políticos, costó 61 mil millones de pesos. Un 25% menos equivale a unos 15 mil millones de ahorro, pero consejeros como Uuc-kib Espadas, Dania Ravel, Carla Humphrey y Jaime Rivera han advertido riesgos serios: menos recursos comprometen la credencialización masiva, producción de boletas seguras, fiscalización en tiempo real, monitoreo de propaganda y capacitación de funcionarios.
Eliminar juntas distritales y debilitar el Servicio Profesional Electoral, podría terminar de erosionar la capacidad operativa y la imparcialidad. Así de clara la advertencia técnica de quienes organizan las elecciones. Con menos dinero y nuevas atribuciones, el INE se debilita; la democracia, presuntamente austera, sería más precaria y vulnerable.
Sheinbaum Pardo, sabedora de la alta probabilidad de que su iniciativa fracase, advirtió que ya tiene “plan B”, con el que pretende lograr sus objetivos con reformas a leyes secundarias.
La austeridad no es mala, pero cuando viene con omisiones al narco, simulación permitida, diseño para que prevalezca el partido hegemónico y un recorte que asfixia al árbitro electoral, deja de ser ahorro y se convierte en liquidación disfrazada.
México necesita elecciones más baratas, sí; pero no a costa de que sean menos limpias, menos organizadas y plurales. En ese sentido, sólo gana el poder en turno y perdemos todos los ciudadanos.
No hay duda, la científica insiste en imitar los pasos de sus cuates dictadores, como el fallecido Hugo Chávez y el detenido Nicolás Maduro.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
