El aborto y la política no deben estar por encima de la dignidad humana

Durante las últimas décadas, el debate sobre el aborto ha cambiado de enfoque. Lo que antes se discutía como un profundo dilema ético hoy suele presentarse como una cuestión resuelta bajo el lenguaje de los derechos.

Sin embargo, cambiar el nombre de un acto no modifica su naturaleza, desde la perspectiva que aquí se defiende, la pregunta de fondo permanece intacta: ¿puede considerarse un derecho una acción que pone fin deliberadamente a una vida humana en desarrollo?

Más aún, si lo que está en juego es la vida de un ser humano y la dignidad inherente a toda persona, esta no debería ser una discusión condicionada por las modas ideológicas, las mayorías legislativas o las tendencias políticas del momento.

Desde una visión que defiende la dignidad humana, la protección de la vida constituye un principio ético fundamental que no debería depender de consensos cambiantes, sino del reconocimiento de la dignidad que posee todo ser humano por el simple hecho de existir.

Responder a esta cuestión exige apartarse, por un momento, de las consignas políticas y de los discursos ideológicos para mirar los hechos. La embriología moderna describe con claridad que, desde la fecundación, existe un nuevo organismo vivo de la especie humana, con un patrimonio genético propio y un desarrollo continuo, coordinado y autónomo.

No se trata de una parte del cuerpo de la madre ni de un conjunto indiferenciado de células, sino de un individuo humano en la etapa más temprana de su existencia.

El verdadero desacuerdo no es biológico, sino filosófico y jurídico, la discusión consiste en determinar si esa vida humana merece protección desde sus primeras etapas o si su derecho a vivir depende de factores como su grado de desarrollo, su viabilidad fuera del útero, su nivel de conciencia o incluso la voluntad de terceros.

Desde una perspectiva provida, aceptar cualquiera de estos criterios implica que el valor de una persona deja de depender de su dignidad intrínseca para depender de circunstancias cambiantes.

Los derechos humanos nacieron precisamente para proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Su fundamento no radica en la fuerza, la utilidad, la independencia o la popularidad, sino en la dignidad inherente a todo ser humano.

Si aceptamos ese principio para cualquier persona nacida, resulta coherente preguntarse por qué dejaría de aplicarse antes del nacimiento.

Por ello, sostener que el aborto constituye un derecho representa, desde esta perspectiva, una contradicción conceptual. Los derechos existen para salvaguardar bienes fundamentales, entre ellos la vida. Cuando el ejercicio de un supuesto derecho implica terminar deliberadamente con la existencia de otro ser humano, la cuestión deja de ser únicamente jurídica para convertirse en un dilema ético que interpela los fundamentos mismos de los derechos humanos.

En este contexto también es válido preguntarse cuál debe ser el papel de quienes elaboran las leyes. En una democracia, escuchar a la sociedad es indispensable. Sin embargo, existe una diferencia entre representar a la ciudadanía y convertir principios fundamentales en decisiones sujetas únicamente a la popularidad del momento.

Cuando la protección de la vida depende de las encuestas, de la presión mediática o del cálculo electoral, la política corre el riesgo de privilegiar la conveniencia sobre la conciencia. Las leyes cambian con las legislaturas; la dignidad humana, desde esta perspectiva, no debería hacerlo.

Esta reflexión no parte de una postura religiosa, descansa en una pregunta que pertenece al ámbito de la filosofía, la bioética y los derechos humanos: si reconocemos que existe una vida humana en desarrollo, ¿qué justificación moral permite excluirla de la protección que concedemos a todos los demás seres humanos?

Quizá el debate sobre el aborto no deba comenzar preguntándonos quién decide, sino quién es aquel cuya vida está en juego. Porque si toda vida humana posee dignidad por el simple hecho de ser humana, entonces el desafío no consiste en ampliar el catálogo de derechos, sino en asegurar que ninguno de ellos se construya a costa de negar el primero y más fundamental, el derecho a vivir.

Nos vemos en la próxima, estimado lector.

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