Durante las últimas semanas hemos reflexionado sobre una realidad incómoda, en México, tener derecho a la atención médica no significa necesariamente recibirla cuando se necesita.
Primero hablamos de la diferencia entre cobertura y acceso efectivo. Después analizamos la falta de personal sanitario y las condiciones que dificultan que médicos, enfermeras y especialistas permanezcan dentro del sistema público.
Hoy conviene cerrar esta reflexión con una advertencia más dura: el sistema público de salud mexicano no solo enfrenta problemas administrativos. En muchos lugares parece caminar hacia una crisis acumulativa que, si no se corrige con seriedad, podría volverse insostenible, el caso de IMSS-Bienestar merece especial atención.
En el discurso oficial, este modelo se presenta como la vía para garantizar atención médica gratuita, medicamentos e insumos para la población sin seguridad social. La promesa suena justa y necesaria, porque millones de mexicanos requieren un sistema público fuerte, digno y resolutivo.
El problema es que una promesa sanitaria no se sostiene únicamente con decretos, conferencias o cambios de nombre. Se sostiene con presupuesto suficiente, personal contratado en condiciones adecuadas, medicamentos disponibles, infraestructura funcional, equipo médico, laboratorios, quirófanos, ambulancias, sistemas de referencia y capacidad real de atención, y ahí es donde la realidad comienza a contradecir al discurso.
México sigue invirtiendo poco en salud comparado con otros países. La OCDE ha señalado que el gasto en salud de México es menor al promedio de sus países miembros, tanto en porcentaje del PIB como en gasto por persona. También reporta menos médicos, menos enfermeras y menos camas hospitalarias por habitante que el promedio internacional, esto no es un detalle menor, es la base material del problema.
No se puede construir un sistema universal de salud sobre hospitales saturados, centros de salud sin insumos, pacientes esperando meses por una consulta, recetas incompletas y trabajadores sanitarios agotados.
Tampoco se puede decir que “ahora sí” existe acceso universal cuando millones de personas siguen sin poder recibir atención oportuna. De acuerdo con el CONEVAL, en 2022 la carencia por acceso a servicios de salud afectaba a 50.4 millones de personas en México. Esa cifra debería bastar para dejar de celebrar avances administrativos y empezar a exigir resultados clínicos, porque el paciente no evalúa al sistema por sus siglas.
No le importa si antes se llamaba Seguro Popular, INSABI o IMSS-Bienestar. Lo que necesita es que lo atiendan, que haya medicamentos, que le realicen estudios, que lo valore un especialista y que su enfermedad no avance mientras espera.
El mayor riesgo es que la crisis sanitaria se está comportando como una bola de nieve, cada consulta que no se otorga a tiempo puede convertirse en una complicación. Cada diagnóstico retrasado puede transformarse en una enfermedad avanzada. Cada medicamento faltante puede terminar en una urgencia. Cada cirugía pospuesta puede aumentar el daño, el costo y el sufrimiento.
Así, lo que hoy parece una fila de espera mañana puede convertirse en una saturación hospitalaria, lo que hoy parece desabasto mañana puede convertirse en complicaciones evitables, lo que hoy parece una falla administrativa mañana puede convertirse en una tragedia familiar.
El país necesita dejar de confundir reorganización institucional con solución del problema, cambiar estructuras puede ser necesario, pero no basta. Centralizar servicios puede ordenar algunos procesos, pero también puede generar nuevos cuellos de botella. Anunciar cobertura puede ser políticamente útil, pero no cura a nadie si no existe capacidad real para atender.
La salud pública no se defiende con propaganda. Se defiende con evidencia, planeación, financiamiento y resultados.
Por eso, la crítica al IMSS-Bienestar no debe entenderse como una oposición a la atención gratuita, al contrario, quienes creemos en un sistema público fuerte debemos ser los primeros en exigir que funcione.
México necesita un sistema de salud que no abandone al paciente pobre, que no obligue a las familias a endeudarse, que no expulse a los enfermos hacia la medicina privada y que no convierta cada trámite en una carrera contra el tiempo, pero para lograrlo se requiere reconocer la realidad.
Y la realidad es que no se ha corregido lo esencial: faltan recursos, falta personal, falta infraestructura, falta abasto y falta capacidad resolutiva.
Si el sistema continúa acumulando carencias sin resolverlas de fondo, llegará un momento en que la carga sea demasiado grande para sostenerse. Entonces ya no hablaremos solo de ineficiencia, sino de una verdadera debacle del sistema público de salud, todavía estamos a tiempo de evitarla.
Pero para ello se necesita algo que ha faltado durante demasiado tiempo: menos triunfalismo y más responsabilidad, porque en salud, negar la crisis no la desaparece, solo la vuelve más peligrosa.
Nos vemos en la siguiente columna, estimado lector.
