La nueva fuente del poder no es el dinero en manos de pocos,
sino la información en manos de muchos
- John Naisbitt
Para quienes ya peinamos canas, el Pacto contra la inflación y la carestía, Pacic, nos suena a una versión remasterizada del Pacto de solidaridad económica de 1987- iniciado por Miguel de la Madrid y continuado por Carlos Salinas de Gortari, con el pacto de estabilidad y crecimiento económico. Seguramente, más de alguno hemos vuelto a tararear la canción, interpretada por cantantes de televisa, con que Salinas de Gortari buscaba crear un clima positivo en el país para lograr el apoyo popular hacia las medidas de control inflacionario y de impulso al crecimiento económico con miras a la inclusión de México en la apertura comercial global.
En mayo de 1987, el índice de precios al consumo, llegó a un 125% anual, empujado principalmente por los aumentos en transporte, medicinas y alimentos. El pacto de solidaridad económica fue un acuerdo tripartita entre el gobierno, las empresas y los trabajadores. El gobierno se comprometía a recortar el gasto público, a no incrementar impuestos, ni las tarifas de la electricidad, los hidrocarburos, el agua y la telefonía, todos ellos producidos, comercializados y distribuidos por el Estado, mientras que las empresas acordaban no subir sus precios y los trabajadores, no demandar aumentos salariales.
Ahora, es importante contextualizar que las condiciones de aquél entonces eran distintas a las presentes. Por principio, era una etapa de hiperinflación: el aumento anualizado de precios al consumidor alcanzaba tres cifras, más de diez veces lo que estamos viviendo en estos momentos – lo cual no sugiero que sea un consuelo -. En esos años, la economía mexicana estaba cerrada y apenas se preparaba para el libre comercio. Esto significaba escasez, pues solo estaba disponible para consumo la producción nacional. Siendo esta insuficiente, la demanda rebasaba la oferta, creando esos altos índices inflacionarios. Las limitadas exportaciones e importaciones de esos años, creaban un déficit en la balanza comercial, donde el precio del dólar era controlado, de tal suerte que las arcas nacionales terminaban subsidiando las importaciones.
Ahora, no solo el mercado estaba cerrado, sino también la política. Desde el triunfo de la revolución, se había mantenido el mismo partido al mando de la nación. En una pseudo democracia donde las elecciones eran organizadas por el mismo gobierno, era difícil concebir la posibilidad de la alternancia en el poder. La oposición era semejante a un sindicato blanco que existía solo para que nadie lo echara de menos. Esto daba cierta calma social, pues no había polarización ciudadana, sino que más bien era pueblo contra gobierno, y esta “paz social” era abonada por los resabios de la represión social de los años setentas.
El desempleo era una preocupación económica, que al igual que ahora, era aliviado con el trabajo informal. La diferencia es que ahora hemos hecho de éste toda una apología, llamada espíritu emprendedor.
Los pactos de solidaridad y de crecimiento económico y competitividad desembocaron en la apertura comercial de México al mundo, abanderada por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, con la liberación del tipo de cambio del dólar (con lo cual se dejó de subsidiar las importaciones y al turismo, entre otros) y la privatización de empresas paraestatales; todas ellas, medidas ahora vapuleadas como neoliberales. Ciertamente, tales decisiones no lograron crecimiento económico ni resolvieron el desempleo y al contrario, acrecentaron la pobreza; pero eso sí, lograron frenar la inflación.
Existen similitudes entre el pacto actual de AMLO y los de los sexenios de De la Madrid y de Salinas, lo cual resulta muy interesante pues como mencionamos anteriormente, marcaron el inicio de la política neoliberal. Parece una versión no corregida y más bien disminuida, pues en el paquete de medidas anunciadas recientemente, la contraoferta del gobierno a empresas para la contención de precios de consumo básico, fue quitar la supervisión de autoridades sanitarias y de inocuidad y calidad, así como impuestos a importaciones. Esto da manga ancha a las empresas para que introduzcan al país productos que si bien pueden ser más baratos, pueden traer un riesgo sanitario tanto a los consumidores finales como para la cadena productiva, además de contravenir tratados internacionales que demandan cubrir estándares de calidad para el comercio exterior.
Más aún, al eliminar estas protecciones arancelarias y no arancelarias, se pone en riesgo la producción del campo, no solo por la amenaza del ingreso de plagas, sino también porque al importar alimentos básicos a menor costo, la producción nacional puede verse aún más deprimida en su competitividad en precios.
También llama la atención que en esta ocasión, la clase trabajadora, ahora diluida, no fue tomada en cuenta para las negociaciones. Quizás no se les pidió un compromiso pues no hay garantía de que las medidas tomadas en esta crisis, tendrán una evolución favorable. Además de que si no hay un compromiso con los trabajadores, no hay desilusión si esto no funciona.
Todo lo anterior, estimados lectores, son impactos en la economía nacional. Si me acompañan, en la siguiente entrega, abriremos la conversación sobre qué podemos hacer en lo cotidiano para amortiguar un poco la espiral inflacionaria que aún parece, está lejos de detenerse. Les espero.
