Hace algunos meses acudí a Cocula, en Guerrero. Junto con mi tío Adrián y mi primo Adrián bajamos hasta el fondo del basurero donde supuestamente fueron incinerados estudiantes de La Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
En esa ocasión también nos acompañaban lideres sociales de la región, y nos explicaron sobre las condiciones de la región. Todos coincidimos en que era imposible que en ese lugar se hubiera llevado a cabo la incineración de cuerpos humanos, tal como lo dijo en su tiempo, el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI).
Las condiciones eran totalmente adversas, había lluvia, no se podía concentrar el calor que se requería, y muchos otros factores, pero este hecho estaba consignado en la mal llamada “verdad histórica” que presentó y defendió en su momento el procurador Jesús Murillo Karam.
Cuando nosotros fuimos a este lugar fue por responder a la solidaridad de cientos de mexicanos. No hacía mucho tiempo había ocurrido la masacre de nuestra familia, y no fueron pocas las voces que se manifestaron para condenarlo, unas fueron voces guerrerenses, que a la vez nos pedían ayuda para hacer visible muchos casos de violencia.
Nos trasladamos para acompañar marchas; para ir con una señora que estaba velando a sus dos hijos menores ejecutados al lado de la carretera donde vendían para poder ayudar al sustento del hogar; y es en este viaje donde nos proponen ir a conocer el sitio de la noche trágica.
Bajamos como pudimos hasta el fondo del basurero y encontramos sólo un falso escenario que intentaba ocultar un país mentiroso, secuestrado por autoridades que menospreciaban al pueblo mexicano, que presentaba informes a modo con tal de esconder su incapacidad y en el peor de los casos, su complicidad.
Hace unos días sacudió al país la detención de Murillo Karam, el mismo que presentó la versión oficial donde habían sido calcinados los jóvenes. Se busca procesarlo por desaparición forzada de personas, tortura y obstrucción de la justicia.
Además, consintió la tortura de 4 víctimas “para cuadrar” la versión de que los estudiantes habían sido secuestrados y asesinados por policías municipales de Iguala y Cocula la noche del 26 de septiembre del 2014. Junto con él, deberán ser procesados mandos militares y autoridades de la región.
Este hecho nos deja una gran lección como país y es que debemos creer en la fuerza de nuestra unión, si bien es cierto que el gobierno de México actual merece un reconocimiento por no soltar el tema, y entrar a fondo a conocer la verdad no importa que tan dolorosa fuera, es también de reconocer que es gracias a que los padres no se han detenido en la búsqueda de justicia que este asunto avanzó.
Pero el mayor problema es que actualmente, no existe ninguna garantía de que esto no vuelva a ocurrir. El caos que estamos viviendo en amplias regiones del país nos dicen que podríamos estar más cerca de otra masacre que de vivir en armonía.
Mientras el presidente López Obrador sigue velando por los derechos humanos de los criminales, queriendo abrazarlos, el pueblo bueno vive bajo una violencia inaudita. Quizá el gobierno esté fabricando su “verdad histórica”, y en esta balanza, van perdiendo.
