Durante la década de 1990 la expresión de transición democrática dominaba el debate político mexicano. Se trataba, precisamente, de transitar de un régimen autoritario a uno democrático. Se descartaban así las ensoñaciones revolucionarias que, en los años sesenta y setenta, habían enfebrecido las mentes de algunas minorías que, con nula eficacia, pero con mucho sacrificio propio (y también de otros), habían intentado refundar con la violencia el mundo social y político de México. El tránsito habría de ser paulatino y, por encima de todo, pacífico. Y así fue.
La transición mexicana estaba inspirada en experiencias de cambio político pacífico de otras latitudes: España, 1977; Argentina, 1983; Brasil, Uruguay y Guatemala, 1985; Paraguay, 1989; Chile, 1990; Rusia y otros países del bloque soviético, entre 1989 y 1991. La oleada democrática parecía imparable y al fin llegó a México.
Casi todos los estudiosos de la democratización de México coinciden en identificar el inicio de la transición en 1977, con la Reforma Política, y su conclusión en 1997-2000, con el cambio de la mayoría en la Cámara de Diputados y la alternancia en la Presidencia de la República.
El concepto mismo de transición democrática no tenía un significado unívoco y era motivo de discusión política y académica. Para la oposición mexicana la transición significaba tener elecciones libres y que el entonces partido hegemónico (algunos le llamaban “partido de Estado”) dejara de disponer de todos los recursos políticos, económicos y corporativos para ganar elecciones. En los círculos del entonces partido en el poder preferían hablar de “perfeccionamiento de la democracia”, pero a fin de cuentas todos -gobierno y oposición- coincidían en que el régimen político debía ser más liberal, más pluralista y con equilibrios de poder para limitar el presidencialismo.
La reforma político-electoral de 1977 fue mínima, pero actuó como una palanca para impulsar una sucesión de cambios. Poco a poco, a lo largo de 20 años, se conformó un sistema de partidos pluralista y competitivo, y se crearon condiciones para unas elecciones libres y razonablemente equitativas. Se estableció un equilibrio de poderes gracias a la pluralidad en el Congreso y a la creciente independencia del Poder Judicial. Además, se creó una constelación de organismos constitucionales autónomos, que habrían de garantizar imparcialidad y profesionalismo en diversas funciones estatales especializadas: Banco de México, IFE, CNDH, IFAI, INEGI, Coneval, IFT, COFECE, etc. Correlativamente, todas las libertades públicas fueron ampliándose.
Hay dos rasgos distintivos en la serie de reformas realizadas durante la transición mexicana: primero, casi todas fueron pactadas entre el bloque gobernante y la oposición; segundo, que tuvieron un sentido progresivo en términos de democracia, de competencia económica y de equidad social.
En los inicios del siglo XXI, el antiguo régimen estaba quedando atrás y se edificaba un régimen democrático, aunque inmaduro y cargado de vicios y lastres como el corporativismo, la corrupción, la inseguridad y, sobre todo, la condición de pobreza en la que vivía cerca de la mitad de la población. Esa democracia incipiente prometía mucho, inclusive demasiado; podríamos decir que se esperaban del olmo democrático peras de prosperidad que por sí solo no podía dar. Y esa brecha entre expectativas y logros habría de pesar muy negativamente en el aprecio de la democracia misma. A la transición democrática le siguió el desencanto democrático.
La pobreza y la desigualdad social son un lastre que puede desgastar a cualquier democracia. Es cierto que entre 1997 y 2018 se emprendieron los programas sociales mejor diseñados y estructurados en la historia de México: Progresa (y su continuación en Oportunidades y Prospera), así como el Seguro Popular. Pero eran insuficientes. La pobreza es un problema estructural que exige desarrollo económico y políticas redistributivas sostenidas a largo plazo. Además, las élites gobernantes de ese período dieron muestras de poca sensibilidad social, mucha voracidad y hasta frivolidad, y con su desprestigio arrastraron consigo al régimen de la transición democrática.
En medio del desencanto democrático, el desprestigio de los partidos políticos y la delincuencia desenfrenada, emergió un liderazgo opositor que, si bien es cierto que provenía de la misma clase política del antiguo régimen y de la transición, se definió a sí mismo como ajeno al sistema. Su divisa fue la descalificación de todo lo que desde el Estado se había hecho desde 1983. A la propia transición democrática la tachó de simple simulación de la oligarquía. Para todos los males del país -pobreza, corrupción, inseguridad, infelicidad- ofreció soluciones simples y rápidas, basadas en su voluntad y su ejemplo. Y muchísimos le creyeron, muchos más de lo que nadie imaginaba y de lo que hasta ahora se haya podido explicar cabalmente.
Con esas credenciales de popularidad, desde el poder Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a desmantelar lo construido durante la transición democrática. “No había una democracia en México, sino imperaba una oligarquía disfrazada de democracia”, dijo hace unos meses. Y repetidamente proclama el advenimiento de un nuevo régimen, uno que no tenga frenos ni contrapesos para llevar adelante su voluntad transformadora: “Se establecerá una democracia auténtica”; “Nada ni nadie estará por encima de la voluntad soberana del pueblo.” La transición democrática mexicana, cualquier cosa que haya sido, está desahuciada.
