Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) cumplieron siete días de paro laboral en Michoacán y exigieron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla deje de intervenir en el conflicto, tras denunciar la presencia de elementos de la Guardia Civil en instalaciones federales.
Con la protesta demandan el pago retroactivo del incremento salarial, mejores condiciones laborales y atención a denuncias por presuntos abusos. Los trabajadores también rechazan la llamada ley de movilidad, debido a que temen que una reforma permita cambiarlos de centro de trabajo sin que puedan decidir sobre su adscripción.
La delegada en Michoacán del Sindicato de Renovación Nacional al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Nélida Elvira Ríos, acusó al gobierno estatal de hostigar al personal y sostuvo que el conflicto debe resolverse mediante las autoridades federales competentes.
“Nosotros estamos en nuestro libre derecho de manifestarnos y nada tendría que meter el gobernador las manos, mandando Guardia Civil a los edificios del Poder Judicial de la Federación. La problemática la van a resolver las autoridades competentes, como es el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina, pero el gobernador no; él no tiene injerencia”.
La representante indicó que, durante un primer acercamiento con las autoridades, no obtuvieron una solución a sus demandas y únicamente les ofrecieron mesas de trabajo. Entre sus exigencias se encuentran un aumento salarial superior al recibido en los últimos años, la eliminación de la Ley de Movilidad y el cese del hostigamiento laboral.
También denunció que el Órgano de Administración Judicial presentó denuncias penales contra trabajadores por mantener el paro, aunque aseguró que estas acciones no detendrán sus manifestaciones.
Por su parte, el dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT), José Trinidad Martínez Pasalagua, expresó su respaldo al movimiento y pidió al gobernador mantenerse al margen de un conflicto que corresponde al ámbito federal.
“Los hemos visto dar la lucha por la dignificación del Poder Judicial Federal. Le pedimos y exigimos al gobernador del estado que saque las manos de ese asunto que no le compete. Vamos a estar participando todas las organizaciones que integramos el USOSEM; ellos tienen todo nuestro apoyo”.
De acuerdo con Elvira Ríos, alrededor de mil trabajadores en Michoacán y 55 mil en el país están afectados por las condiciones laborales que denuncian. La delegada sostuvo que mantendrán el paro hasta obtener respuesta a sus exigencias.
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