Lupita tenía 36 años de edad cuando murió asfixiada, la fuerza con que alguien presionó su cuello causó una fractura mortal en su laringe. La madre de 2 hijos había acudido a la casa de su ex pareja, Martín, el 23 de diciembre del 2019; buscaba cumplir la promesa que había hecho al menor un día antes y entregarle una tarjeta de Xbox como un regalo de cumpleaños, pero su hijo no volvió a verla con vida.
El cuerpo de Guadalupe Morales del Toro fue localizado sin vida el 30 de diciembre, tras casi una semana desaparecida, mientras el padre de sus hijos fue detenido como presunto responsable del homicidio.
De acuerdo al testimonio que rindió el perito Giovanni, fue localizada en una avenida sin nombre, de la colonia La Aldea, en Morelia. Estaba sepultada con piedras y tierra, su cuerpo cubierto por 2 bolsas negras de plástico y amarradas con cinta gris.
Desde la embajada de México en Cuba, donde cursa una especialización, el responsable de la necropsia, describió que el cuerpo fue localizado con múltiples golpes y contusiones. La mujer estaba semidesnuda, solo con sudadera y playera, pero sin pantaleta y pantalón, además de descalza.
En presencia del imputado y de la familia de la víctima, el especialista concluyó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.
La audiencia de debate del juicio oral, fue presidida por el juez de control, Fernando Hernández Hernández, quien en al menos 2 ocasiones rechazó la solicitud del asesor privado de la familia de Guadalupe para que aceptara ver las fotografías del cuerpo de la víctima, y se diera al caso “una perspectiva de género”.
A nombre de la familia, Verónica Morales del Toro acusó a los jueces de tratar de deshumanizar el delito y de insistir en que ya tenían claro lo ocurrido; criticó que dentro del mismo caso, el juez permitiera se exhibieran fotografías del lugar donde se guardó la moto de Lupita, pero no aceptó ver el cuerpo de la mujer.
“Al impedir que se muestren las ilustraciones no manejan la perspectiva de género, ellos se quedan con una postura muy subjetiva y están siendo totalmente parciales. No están dejando que se muestren los testimonios, las evidencias, que se muestren los resultados de la investigación. ¿Entonces cómo se va a aplicar una justicia? ¿En base a qué lo van a realizar”.
El juez rechazó también en al menos 3 ocasiones la petición para que se tipifique el delito como un feminicidio, a la vez que apresuraba a los Ministerios Públicos a realizar los cuestionamientos y exponer sus razonamientos.
Molesta por lo ocurrido, Verónica, denunció discriminación y abuso de autoridad de los jueces por no permitir el desahogo de los testimoniales.
“Ellos controlan los tiempos del testimonio, entonces una y otra vez, ellos dicen a Ministerios Públicos y defensores de las víctimas, sean objetivos, sean precisos. Yo me pregunto si ya los jueces conocen el contexto de toda la situación, porque se supone que estos son los espacios para dar a conocer las evidencias y mostrar los resultados de la investigación”.
Sin la presencia de Martín, su padre, y sin público, el hijo menor de Lupita identificado con las iniciales E.G.P. también rindió su testimonio, sin que el juez expusiera después lo que el niño de 12 años declaró.
Mas tarde se conocería por la familia que en la víspera del asesinato de su mamá, el menor salió con ella, a manera de festejo por su cumpleaños y Lupita comprometió ir al día siguiente a llevarle su regalo, lo que el niño comentó con su papá.
Contrario a su costumbre, Martín llevó al mayor de sus hijos a la casa donde trabajaba como albañil y al menor con su hermana, por lo que ya no le fue posible ver a Lupita, sin embargo, al regresar a su hogar “ahí estaba la tarjeta”, que mamá había comprometido.
Ministerios públicos solicitaron después al juez obsequiar una orden de arresto para asegurar los testimonios de Neyda y Ernesto, las personas a las que se entregó la motocicleta en la que se trasladó Lupita a la casa de Martín.
De igual forma, pidieron una orden judicial que les permita solicitar al Registro Federal de Electores datos que permitan dar con el paradero de esas personas.
La solicitud causó un nuevo disgusto del juez presidente que consideró contradictoria la petición, pero finalmente accedió a emitir la orden de arresto que tendrá vigencia hasta el próximo 17 de noviembre.
Sin embargo, para la familia, está en riesgo la posibilidad de que el homicidio de Lupita no se sancione desde la perspectiva de un feminicidio, lo que permitiría sancionar con una pena mayor al imputado.
