El Contralor del gobierno de Michoacán, Francisco Ramírez Flores rechazó cálculos políticos o irregularidades en la auditoría que realizó esta Secretaría al ejercicio de recursos de la extinta Beca Futuro en 2018 y que derivó en la inhabilitación por 20 años y multa de casi 6 millones de pesos que impuso el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa, al exsecretario de Desarrollo Social y Humano, Juan Carlos Barragán Vélez.
En entrevista, aclaró que, si se declara “firme” la resolución, el actual diputado local de Morena deberá “sí o sí” cumplir con las dos sanciones, por lo que la Secretaría de la Contraloría mantendrá la defensa del caso, al considerar que el Tribunal le da razón y confirma que sí hubo daño al erario.
“De acuerdo a como está la sanción son dos sanciones. Es inhabilitación 20 años y es el resarcimiento por los 5 millones de pesos y son dos sanciones que se tienen que cumplir. O sea, sí o sí tiene que cumplir. (…) Pues ya el tribunal con las pruebas que se le llegaron en el procedimiento administrativo y que integró la Contraloría, pues está de alguna manera confirmando que sí hubo un daño al erario público”.
Sin dar mayores detalles del caso, al explicar que sigue en proceso en el Tribunal Anticorrupción al ser una falta grave, precisó que el recurso se utilizó para un fin distinto para el que fue destinado de manera inicial, por lo que afirmó que Barragán Vélez debió apegarse a las Reglas de Operación del Programa.
“Y esas reglas específicas dicen que el recurso está destinado a un fin. Si el recurso era para entrega de becas a ciertos ciudadanos que reunieran ciertos requisitos lo hubieran cumplido, se les tenía que hacer llegar revisando siempre ese proceso. En este caso no se hizo, se utilizó para un fin que, aunque él considera que fue el mismo, no fue el correcto porque no era el que estaba establecido en reglas de operación”.
Ramírez Flores rechazó contestar a los argumentos que ha dado el legislador, quien exhibió el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Beca Futuro, donde se establece el otorgamiento de apoyos “especiales” para atender a hijos de policías caídos de la Secretaría de Seguridad Pública, niños de casas hogar del DIF, comunidades Modelo, organizaciones de la sociedad civil y solicitudes realizadas al gobierno del estado.
De igual forma, negó que el asunto se haya turnado al Tribunal Administrativo buscando que se resolviera justo en los tiempos de registro de los aspirantes a candidatos; consideró que los casos no se pueden programar sino que deben resolverse conforme a los plazos legales.
“Nosotros no podemos determinar en qué fechas se puedan o no resolver ni tampoco programarlos. Las investigaciones se realizan, nosotros las hacemos. Yo les platicaba que las faltas administrativas tienen una etapa de prescripción y hay faltas administrativas como el caso de estas que fueron graves y que prescriben en siete años. Y que la prescripción se interrumpe con la notificación del procedimiento administrativo, cosa que así sucedió”.
De acuerdo a la versión pública del expediente, el procedimiento arribó al Tribunal por un Informe de Responsabilidad Administrativa (IPRA) que promovió la Secretaría de Contraloría en el estado, del cual tocó conocer a la Primera Sala que encabeza la magistrada Swany Reyes Peña, esposa del diputado local, Juan Pablo Celis Silva.
En el breve documento, se precisa que “se acreditaron los elementos constitutivos de la falta administrativa de desvío de recursos públicos”, atribuido al actual diputado local de Morena.
