El activista social y empresario Luis Manuel Soto Sanabria denunció que se encuentra en una situación de riesgo grave y acusó falta de respuesta de las autoridades de Michoacán, pese a que existen antecedentes de extorsión y a que el 19 de enero de 2024 fue privado de la libertad por un comando armado.
“Me encuentro en un riesgo grave, muy grave, en el cual estoy inseguro; el hecho de moverme a ningún lugar, pues desconfío. El hecho de que, pues, simplemente haber llegado con ustedes, que a lo mejor hasta les cambié la hora por cuestiones de mi propia seguridad. Estoy en una situación muy delicada”, declaró.
Señaló que, además de la denuncia por amenazas, existen otras carpetas de investigación por extorsión y por el presunto despojo de una huerta, cuya información ya fue entregada a la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
“Hay otras denuncias más que están por extorsión, que también nos están despojando de una huerta. Entonces, todo esto no lo están diciendo. Como empresario, como activista social, me están atacando por todos lados y ya hay un antecedente. Entonces, digo: ¿qué esperan? Que sea una estadística más, que ya digan: ‘ya pasó algo’, para ahora ir a apoyarlo”, expresó.
Luis Manuel aseguró que ha informado de los riesgos que enfrenta, al secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, así como a funcionarios de la Fiscalía, pero afirmó que hasta el momento no existe un avance en la protección solicitada. “Me he reunido con el secretario de Seguridad Pública, Antonio Cruz Medina; le he dejado oficios donde los riesgos que corre mi vida. Le he dejado a Israel, el encargado del despacho; a Tami también le he dejado la información sobre los riesgos que está corriendo mi vida y, pues, pareciera que dicen: ‘pues vamos ahí despacio, a ver qué pasa’”, sostuvo.
El activista pidió que la Fiscalía envíe el oficio correspondiente a la Guardia Civil para que se implementen medidas destinadas a protegerlo tanto a él como a quienes integran su equipo de trabajo. “Yo le hago un llamado respetuoso al fiscal en turno, a este Israel, a la fiscal María Cristina y a la fiscal Tami, que por favor le manden un oficio a la Guardia Civil y que hagan lo conducente, lo que sea ante la ley, para salvaguardar mi integridad, y no solamente la mía, sino la de todo mi equipo y la de las personas que me rodean”, manifestó.
También informó que la Fiscalía solicitó apoyo a la Policía Municipal de Uruapan, pero aseguró que el coronel Brito y otro funcionario le comunicaron que la corporación se encontraba rebasada y que no podía brindarle las medidas de protección.
“A la Policía Municipal de Uruapan, la Fiscalía le mandó unos oficios, tengo conocimiento que le mandó unos oficios solicitándole que se me brinden las medidas de protección, pero ellos me comentaron a mí, directamente me habló el coronel Brito y después me habló su secretario, que no, que ellos se miraban rebasados y que no podían brindar este tipo de medidas de protección”, relató.
Debido a las amenazas, la fundación que encabeza redujo el 80 por ciento sus actividades en comunidades indígenas de Uruapan, Los Reyes, Charapan y Peribán, donde durante 17 años ha desarrollado acciones en materia de educación, salud, deporte, infraestructura, campo y vivienda.
Finalmente, solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la falta de resultados de las instancias estatales. “Pareciera que la autoridad necesita ver sangre o necesita ver, no sé qué necesita ver para poder accionar”, reprochó.
