Julio del 2009: 12 cuerpos amanecen apilados a un costado de la Autopista Siglo XXI, semidesnudos, con marcas de tortura y acribillados a balazos. Algunos tenían el tiro de gracia. Junto a ellos, los criminales dejaron un mensaje dirigido al gobierno de Felipe Calderón, escrito a mano: “vengan por más, los estamos esperando”.
El desafío era franco. Los cadáveres, 11 hombres y una mujer, eran integrantes del área de inteligencia de la Policía Federal – el cuerpo policiaco élite de ese momento en México -, que había sido creada para hacer frente al crimen organizado que mostraba ya una exacerbada violencia.
Ese mismo año del 2009, pero en noviembre, otros siete agentes de la misma corporación son “levantados” cuando acababan de llegar a Ciudad Hidalgo para asumir el control de la seguridad pública municipal. Uno de ellos sería director y el resto sus escoltas, pero ni siquiera los dejaron tomar posesión. A la fecha, han pasado 13 años y nada se sabe de ellos.
Diciembre de 2010: agentes federales y sicarios de La Familia Michoacana se enfrentan a balazos en Apatzingán, en uno de los tiroteos más intensos que se recuerden en esa localidad que históricamente ha sido centro de operaciones de los cárteles de la droga. El saldo fue de 14 muertos. Luego de tres días de balaceras, las fuerzas policiales no lograron someter a los criminales.
Abril de 2013: policías federales escoltaban a un grupo de limoneros que habían acudido a Cuatro Caminos, a suplicar el auxilio de funcionarios que habían encabezado un acto oficial y, a su regreso, fueron emboscados. La masacre dejó 14 muertos, hombres y mujeres que lo único que pedían era que el narco ya no controlara sus periodos de cosecha, empaque y comercialización. Tenían asfixiada la economía y, quien se resistía, era ejecutado, decapitado y sus negocios incendiados.
Octubre del 2019: 13 policías estatales son abatidos en una emboscada cuando se internaron en el municipio de Aguililla, a bordo de varias patrullas, en lo que se considera uno de los ataques más violentos contra las fuerzas estatales en los últimos tiempos.
Años antes, el poderío criminal y la incapacidad de las corporaciones policiacas ante el avance del crimen organizado, ya era patente y doloroso en Michoacán.
Septiembre de 2005: en Morelia, pistoleros irrumpen en el restaurante Las Trojes y ejecutan públicamente a uno de los comensales, así como a dos policías que aguardaban afuera. El comensal acribillado era Rogelio Zarazúa, jefe de la Policía en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, hoy jefe de asesores del presidente López Obrador.
Noviembre de 2006, gatilleros atacan una patrulla cuando agentes ministeriales indagaban un homicidio en la comunidad de Dos Aguas, en Aguililla. La unidad recibió cientos de disparos. Las imágenes por las ráfagas que penetraron la camioneta eran dantescas; intimidaban. La lluvia de balas no dejó sobrevivientes: un agente del Ministerio Público y cinco policías fueron desechos por los proyectiles.
El recuento es interminable e incluye solamente episodios locales. Todos con un denominador común: mandos y policías superados por la feroz capacidad de fuego de los criminales.
Y todavía hay quien pone en duda la necesidad de que el Ejército sea el que haga frente a estas bandas, cuando el país está convertido en un verdadero campo de batalla. Lo grave sería que AMLO se vaya al otro extremo, ceda todo el poder a la milicia y no se establezca ningún control civil sobre la seguridad pública.
Pero algo es claro: desde hace muchos años estamos en guerra.
Cintillo
La sigilosa renuncia de “Cocoa” Calderón como comisionada por la paz en Zamora, habría estado precedida, entre otras cosas, de una amenaza velada de los poderes facticos.
