“La democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de desigualdad, que la conduce a la aristocracia, y el espíritu de igualdad extrema, que la conduce al despotismo.” Montesquieu.
La diferencia entre un déspota y un tirano, es el consentimiento. Los gobiernos despóticos surgen en la época de la ilustración, donde los monarcas se perpetuaban en el poder detrás de una máscara de intencionalidad de educar al pueblo, convenciéndolos de su bondad y obteniendo aprobación. Finalmente, el que enseña, tiene la capacidad de decidir el contenido e intención de lo que va a mostrar al otro.
El término despótico también fue utilizado para referirse a aquéllas sociedades que marginaban a grupos específicos – que ponían en riesgo el ejercicio de la autoridad absoluta -, mediante su desprestigio, para que perdieran respeto y así no pudieran alcanzar el poder político. La frase que identifica esa época es “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Estamos hablando, estimados lectores, del siglo XVIII. Cualquier parecido con la realidad actual de México, puede no ser mera coincidencia.
En México, la democracia parece seguir el movimiento pendular que observó Montesquieu. Este modelo de gobierno hace su aparición en el primer tercio del siglo XX, poniendo el poder en manos de una nueva aristocracia, disfrazada de elección popular: la clase política.
Desde entonces, el poder legitimado por el voto, fue utilizado concediendo privilegios a ciertos grupos, creando una brecha de desigualdad oprobiosa. Hace tan solo unos días, uno de los empresarios favoritos del titular del poder ejecutivo federal, Ricardo Salinas Pliego, declaraba cínicamente en su cuenta de twitter que la desigualdad era necesaria para el progreso. Esta es la manipulación de la democracia que hemos vivido hasta el momento, misma que ha llevado a la población al hartazgo y que puso en el poder al actual Presidente de la Nación.
El vuelo que toma el péndulo al estar en un extremo, lleva rápidamente al opuesto, y en este caso, al despotismo que advierte Montesquieu: hacia un soberano absoluto, pero con aprobación popular.
Sin embargo, en nuestra democracia, están más que previstos los mecanismos para evitar la concentración del poder. La división de poderes no sólo se refiere a la separación de la legislación, la ejecución y la jurisdicción. Constitucionalmente, existen órganos autónomos que realizan funciones de gobierno, atribuidas por la misma Carta Magna, pero con independencia de los tradicionales poderes. Se trata de órganos técnicos de control y coordinación, de ahí que no deban responder a intereses partidistas o coyunturales o de grupos con poder fáctico y que para cumplir su objetivo, necesitan gozar de independencia funcional y financiera.
Pero como el génesis de estos órganos autónomos constitucionales es la implementación de reformas catalogadas como neoliberales, están siendo satanizados. En un inicio, la ejecución de tales políticas públicas estaba a cargo de grupos pequeños de perfiles tecnócratas que rendían cuentas directamente al Presidente de la República, operando un presupuesto de manera independiente y discrecional. No obstante, en el presente, estos órganos cuentan con una legislación acotada que garantiza su operación ordenada al fin para el que son constituidos. Pero desde la cacería de brujas presidencial, todo lo que suene a neoliberal debe ser ejecutado sin un discernimiento racional de por medio.
Al déspota le estorban los órganos autónomos, pues su finalidad de proteger la democracia se contrapone a su objetivo de lograr el poder absoluto. El INE – Instituto Nacional Electoral- no es el único órgano autónomo constitucional; la lista de los mismos coincide con la relación de algunas de las instituciones atacadas desde la silla presidencial: el Instituto Nacional de Geografía y Estadística – INEGI -, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación – INEE – , el Instituto Nacional de Acceso a la Información – INAI – y la Comisión Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas – CONEVAL. A este grupo de “desprestigiados” debemos sumar a la máxima casa de estudios, la UNAM, la cual, aún cuando no cuenta con autonomía plena, sí la posee de manera parcial, debido a su relevancia constitucional.
Por supuesto, hay órganos autónomos constitucionales como el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República que gozan del respaldo presidencial, pues corresponden a aquéllos cuyos titulares fueron propuestos por el residente de Palacio Nacional.
No obstante, para impedir que la autonomía de este tipo de órganos se convierta paradójicamente en un poder absoluto, sus resoluciones pueden ser revisadas por autoridades judiciales, lo cual está sucediendo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la decisión de postergar la ejecución de la consulta sobre revocación del mandato del titular del ejecutivo federal. Nuevamente, el despotismo utiliza argumentos que ensalzan lo que justamente pretende destruir: la democracia.
Ni aristocracia ni despotismo: las y los mexicanos merecemos democracia. La injusticia de los aristócratas políticos lanzaron al pueblo a los brazos del déspota. Para proteger a nuestra democracia necesitamos fortalecer la división de poderes y la autonomía de los órganos constitucionales, para que libres de dominación política, puedan ejercer sus funciones de control y coordinación y así, evitar sus distorsiones.
