La semana pasada reflexionamos sobre una realidad que suele pasar desapercibida en la discusión pública sobre salud: tener derecho a la atención médica no siempre significa recibirla cuando se necesita.
Explicamos que existe una diferencia importante entre el derecho a la salud, la cobertura institucional y el acceso efectivo a los servicios. Una persona puede estar afiliada a una institución pública, aparecer dentro de las estadísticas oficiales y, aun así, enfrentar obstáculos para recibir atención oportuna cuando una enfermedad amenaza su bienestar o incluso su vida.
Pero surge entonces una pregunta inevitable: si existen hospitales, clínicas y profesionales de la salud, ¿por qué tantos pacientes continúan enfrentando largas esperas para recibir atención?
Con frecuencia se afirma que el principal problema es la falta de médicos, no obstante, la realidad parece ser más compleja.
Durante los últimos años, distintas instituciones públicas han realizado convocatorias para contratar médicos generales y especialistas y al mismo tiempo, miles de profesionales de la salud continúan buscando oportunidades laborales estables dentro del sistema sanitario.
Esto obliga a plantear una pregunta distinta: ¿el problema es que no existen médicos suficientes o que las condiciones para incorporarlos y mantenerlos dentro de los servicios públicos no siempre son las adecuadas?, la respuesta no es sencilla, pero existe evidencia científica que merece atención.
Desde el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el Dr. Julio César Montañez-Hernández y sus colaboradores han documentado que el sector salud mexicano no ha sido ajeno a los cambios laborales observados en muchas partes del mundo durante las últimas décadas.
La flexibilización de los mercados laborales, la contratación temporal y otras formas de empleo menos estables también han alcanzado a los profesionales sanitarios.
Las consecuencias de esta situación suelen analizarse desde la perspectiva de los trabajadores y ciertamente son importantes, pues la incertidumbre laboral puede afectar la calidad de vida, la estabilidad económica y las oportunidades de desarrollo profesional de médicos, enfermeras y otros integrantes del equipo de salud.
Sin embargo, existe un aspecto menos discutido y posiblemente más relevante para la población, por ejemplo, las condiciones laborales del personal sanitario también pueden repercutir en la calidad de los servicios que reciben los pacientes.
Cuando una institución enfrenta dificultades para contratar personal, cuando existen plazas vacantes que permanecen sin ocuparse, cuando los profesionales migran hacia otros sectores en busca de mejores condiciones o cuando la rotación de personal es constante, la continuidad de la atención se vuelve más difícil.
Y es precisamente en ese momento cuando el problema deja de ser administrativo para convertirse en un problema de salud pública.
Para una persona con hipertensión arterial o diabetes, un retraso de algunas semanas puede significar la pérdida de control de su enfermedad, o por ejemplo, para alguien con insuficiencia renal puede representar la progresión del daño orgánico. Por otro lado, para un paciente con cáncer, el retraso en una consulta especializada, un estudio diagnóstico o el inicio de un tratamiento puede tener consecuencias mucho más graves.
La medicina moderna ha demostrado repetidamente que el tiempo es un factor determinante en el pronóstico de numerosas enfermedades. Diagnosticar antes, tratar antes y dar seguimiento oportuno suele traducirse en mejores resultados clínicos.
Por ello, cuando hablamos de cobertura universal de salud, no basta con contabilizar hospitales construidos, personas afiliadas o programas implementados. También resulta indispensable analizar quién atenderá a los pacientes, bajo qué condiciones laborales lo hará y si existen mecanismos suficientes para atraer y retener al personal sanitario que el país necesita.
La discusión sobre recursos humanos en salud no debería reducirse a una confrontación entre autoridades y trabajadores, tampoco debería entenderse únicamente como una demanda laboral.
En realidad, se trata de una discusión sobre la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la población.
Porque detrás de cada consulta pospuesta, de cada especialista que abandona una institución o de cada plaza que permanece vacante, existe una persona esperando atención y, en salud, el tiempo rara vez es un recurso renovable.
La próxima semana analizaremos otro componente poco visible de esta problemática: la creciente fragmentación de los servicios de salud y cómo la falta de coordinación entre instituciones puede generar nuevas barreras para los pacientes, incluso cuando los recursos existen.
Hasta pronto querido lector.
