Hasta que la gran masa del pueblo se llene con un sentido de responsabilidad por el bienestar del otro, la justicia social nunca podrá alcanzarse.-Helen Keller.
Inicia un nuevo ciclo escolar y en plena tercera ola de la pandemia, con siete estados de la República en semáforo rojo y quince en naranja, el gobierno federal insiste en el regreso a clases y ha reclasificado a la educación como actividad esencial. Esta decisión llevará a la movilización potencial de 32.9 millones de estudiantes desde el nivel preescolar hasta el universitario, así como un aproximado de 1.9 millones de trabajadores docentes.
Hay dos argumentos que respaldan esta postura: el efecto que esta prolongada pausa está causando en las fases de desarrollo de la generación COVID, especialmente en infantes y adolescentes, y la contracción económica que ha derivado de la medida de quedarse en casa. Aunque el primero parece un mero pretexto y el segundo, la motivación de fondo para detener la caída de los termómetros económicos del país.
Ciertamente, el encierro está afectando la salud física, emocional y mental de niños y jóvenes, pues por un lado, los niños están cayendo en sedentarismo y malos hábitos de estudio y de descanso, y por otro, las tareas de socialización que corresponden a su edad no están sucediendo. Si a eso se le agregan las tensiones familiares por la misma convivencia, las presiones laborales y económicas y la falta de recursos parentales para guiar a los hijos, tenemos toda una generación prácticamente secuestrada en su propia casa.
Pero lo que parece subyacer es la urgencia de reactivar la economía. Ciudades como Morelia, carente de industria y con un turismo castigado por la inseguridad y los conflictos sociales, encuentran como válvula de escape el consumo que generan los estudiantes. El transporte a sus escuelas, sus uniformes y útiles escolares, su alimentación fuera de casa, y en el caso de alumnos foráneos, la renta del lugar donde viven, representan fuertes inyecciones de efectivo con un potente efecto multiplicador que reactiva a los negocios, incrementando la base de pago de contribuciones que permiten al estado hacer frente al gasto público.
Por supuesto, la combinación de estos motivos apremian el regreso a clases. Sin embargo, el riesgo no es numeralia, sino que tiene el nombre de un niño o una niña que no tiene por qué jugarse en la escuela un volado con la enfermedad o peor tantito, con la muerte.
Ciertamente, no hay vacunas aprobadas para menores de 12 años de edad, y el gobierno federal ha excluido a los adolescentes del programa nacional de vacunación. Esto convierte a la infancia mexicana en el grupo etario más vulnerable en estos momentos y tal parece que se le pretende ofrendar, a la usanza prehispánica, como tributo para mantener a flote al país.
Pero el riesgo no es solo la falta de vacunación. Han pasado dieciocho meses y parece que no hemos aprendido nada. Hemos desperdiciado un tiempo precioso en el que debimos habernos educado en el autocuidado de la salud y la responsabilidad compartida. Resulta absurdo que primero se hayan desarrollado vacunas a que las personas hayamos aprendido a usar un cubrebocas, lavarnos las manos, mantener distancia y discernir cuando es esencial salir y cuando quedarse en casa. Como se mencionó en un panel de expertos en salud, ¿qué clase de sociedad somos que primero abrimos antros, conciertos y jaripeos que escuelas?
Igual de insensato ha sido hacer de la propagación de la información no científica y paranoica, el otro virus pandémico. Resulta ahora que los testimonios anecdóticos en videos caseros tienen más credibilidad que el consenso de millones de médicos y científicos que lidian día a día con el rostro del covid. Cada adulto que decide no vacunarse, pone en riesgo potencialmente a tres niños y niñas. Que su miedo quede en sus conciencias.
Instituciones, profesores y personal de la educación no están preparados para el regreso a clases. Existen muchas escuelas en el país que al quedarse vacías, han sido vandalizadas y necesitan ser rehabilitadas. Muchas más, ya antes de la pandemia operaban vergonzosamente sin agua ni insumos de limpieza por falta de presupuesto. Hacer política pública es mucho más que seguir una ideología: se requiere conocer la problemática real, diseñar soluciones efectivas y gestionar el presupuesto de manera transparente. Así como para comprar las vacunas se han necesitado recursos extraordinarios, también se requieren para habilitar el regreso a clases. Los mexicanos podemos entender que si se jala la cobija para un lado, se descobija el otro. Un movimiento presupuestario de esa naturaleza sería aplaudido, siempre y cuando haya claridad al respecto.
Tampoco existe una estrategia académica para el regreso a clase. Así como no se proporcionaron recursos tecnológicos a profesores y alumnos durante la virtualidad, tampoco se están generando herramientas pedagógicas ni logística para el modelo híbrido. En la gran mayoría de las escuelas, se ha abandonado a los profesores a hacer lo que pueden con los recursos que tienen, sin una guía ni un apoyo. Los más comprometidos, han sido héroes de la educación. Algunos otros, olvidaron la vocación docente y la cambiaron por una larga vacación docente.
Nos enfrentamos a un nudo sumamente complejo. Estamos apostando la vida de la infancia mexicana, mandando a los niñas y las niñas a la guerra sin fusil. La solución no es posponer más o no el regreso al aula, sino crear una estrategia seria para el retorno: con mejores hábitos de salud y autocuidado, con vigilancia estricta de normas de convivencia, una participación total en el programa nacional de vacunación y un modelo educativo flexible. Este modelo habría de contemplar opciones para padres de familia cuyo trabajo no les permite tener a sus hijos de tiempo parcial, considerar la diversidad de realidades y necesidades a lo largo del territorio nacional, hacer posible una rápida conversión de las actividades escolares según vayan cambiando los semáforos epidemiológicos y hacer énfasis no tanto en los contenidos académicos -eso sí se puede aprender a distancia-, sino en subsanar lo interrumpido en el desarrollo emocional, social y físico de los niños y niñas de México.
