La jueza Amalia Herrera Arroyo decretó la noche de este martes, la vinculación a proceso del ex delegado administrativo del Sistema Penitenciario, Misael G., por lesiones dolosas en razón de parentesco, en agravio de su ex pareja, Nereyda Chávez Laris y fijó un periodo de 45 días para la investigación complementaria.
De acuerdo al recuento de los hechos, realizado en la audiencia, la agresión se registró el 25 de julio del 2022 cerca de las 15:00 horas, cuando la víctima acudió al domicilio particular de su entonces pareja, para llevarle un pastel para festejar su cumpleaños.
Según su versión, el entonces funcionario del Sistema Penitenciario la habría causado al menos 6 escoriaciones, 2 equimosis y un esguince de segundo grado al jalonearla y proyectarla contra el piso, lesiones que fueron certificadas por al menos 3 instituciones públicas.
Luego el funcionario la habría sacado del domicilio, de lo que, asegura, fue testigo, un hombre que se desempeñaba como su chofer.
La juzgadora, escuchó los argumentos de la defensa que presentó 5 testimonios, entre ellos, de 3 empleados del Sistema Penitenciario, que argumentaron haber acudido al domicilio particular del imputado para felicitarlo, sin encontrarlo, así como del registro de visitantes al fraccionamiento Real San Diego, en el que no se encontró el de Nereyra o su acompañante.
También refirieron lo afirmado por una vecina, cuya casa está a 35 metros de distancia de la de Misael, quien aseguró no haber escuchado nada, así de como de un integrante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que señaló que acudió por la noche en la misma fecha a la vivienda de Misael, donde lo encontró y convivió con él.
De igual forma, se presentaron 3 dictámenes periciales médicos, en los que se aseguró que existía incongruencia entre las lesiones certificadas y la manera en que cayó la joven, ya que sus heridas debieron ser diferentes y un esguince no se provoca por un jaloneo sino por un “chicoteo” o un azote.
A favor de la víctima, la Fiscalía General del Estado argumentó que al menos 3 instituciones públicas certificaron las heridas que sufrió Nereyda, entre ellas el Hospital de la Mujer y el ISSSTE, además de que la mujer usó collarín durante varias semanas debido al dolor que registró.
Desacreditó a los testigos, al considerar irrisorio que hayan acudido a su domicilio cuando eran sus compañeros de trabajo; no se aportaron pruebas del lugar dónde estaba el imputado al momento de la agresión y ninguno de los testigos estuvo en el domicilio indicado en ese momento.
Tras prácticamente 4 horas de audiencia, la jueza decretó la vinculación a proceso y consideró que existen indicios “altamente incriminatorios” de que el hombre participó en la agresión, al considerar cuestionable la credibilidad de los testigos aportados por la defensa, por su relación laboral y porque ninguno estuvo en el domicilio cuando se desarrollaron los hechos.
Señaló que existen certificados médicos de las lesiones y que hay testigos también de las heridas, así como del esguince que sufrió la mujer, además, reclamó a la Fiscalía no haber investigado el hecho con perspectiva de género.
Al dictar la medida cautelar, la juzgadora evidenció que la Ministerio Público desconocía el cargo en la administración estatal que ocupó el imputado hasta el pasado domingo y el riesgo en que se había puesto a la Víctima, al decretar una medida cautelar que debía vigilar el sistema en el que laboraba su presunto victimario.
En respuesta, la representante de la Fiscalía solo señaló que no conocía los antecedentes y en plena audiencia dedicó algunos minutos a revisar su expediente sin encontrar ningún dato.
La jueza no descartó la existencia de un conflicto de interés por este motivo y por el hecho de que el defensor del imputado sea el hijo del coordinador del Sistema Penitenciario, Ignacio Mendoza Jiménez lo que generó la evidente molestia del litigante, quien le exigió explicarle sus señalamientos.
En respuesta, la jueza decretó “una medida cautelar especial” para garantizar la integridad de la Víctima y para su familia, que estará a cargo de la policía Morelia.
El fallo se generó tras un receso prolongado, debido a que Nereyda estuvo a punto de desvanecerse, por lo que tuvo que recibir una inyección para recuperarse
En entrevista previa, la mujer denunció aseguró sentir temor, ya que Misael es hijo del ex procurador de Justicia del estado, Miguel García Hurtado, además de considerar también que existe conflicto de interés, ya que la defensa de su presunto agresor está a cargo del despacho que encabeza, Ignacio Mendoza Oropeza, hijo del coordinador del Sistema Penitenciario.
