Morelia, Michoacán.– Autoridades de Naranja de Tapia exigieron al Poder Judicial de la Federación respetar la libre determinación de la comunidad y evitar que tres juicios de amparo paralicen el reordenamiento de su panteón comunal, aprobado por la Asamblea General conforme a sus usos y costumbres.
El posicionamiento fue presentado por Pável Uliánov Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, acompañado por autoridades civiles y agrarias, quienes advirtieron que la intervención judicial está permitiendo que intereses particulares se coloquen por encima de una decisión colectiva.
La Asamblea General acordó retirar barandales y otras estructuras que obstruyen el libre tránsito y ocupan superficies mayores a las permitidas dentro del cementerio. Para ejecutar el acuerdo se integró una comitiva de ciudadanos voluntarios; sin embargo, tres personas promovieron los amparos 804/2024, 783/2026 y 789/2026 contra la Jefatura de Tenencia, la Asamblea y la comisión encargada de los trabajos.
Brandon Reyes León, jefe de Tenencia, explicó que el panteón se encuentra en un terreno comunal y que no existe el régimen de perpetuidad ni el pago por los espacios. Señaló que algunas familias se atribuyen como propios terrenos de hasta ocho por ocho o diez por ocho metros, pese a que el reglamento permite aproximadamente 1.20 o 1.40 metros de ancho por 2.20 metros de largo.
“Ellos argumentan que prácticamente son poseedores, que son dueños de un pequeño lote de terreno, cuando la autoridad encargada de determinar el espacio es la Jefatura de Tenencia”, expuso.
Las autoridades informaron que el Juzgado Cuarto de Distrito concedió suspensiones para detener el retiro de los barandales y que se encuentra pendiente la resolución definitiva. Advirtieron que, después de conocerse los primeros amparos, otras personas comenzaron a recurrir a la misma vía para evitar el cumplimiento del acuerdo comunitario.
Hasta el momento se han presentado tres juicios, pero las autoridades estiman que podrían promoverse entre siete y diez más. En el cementerio fueron identificados alrededor de 75 barandales; aproximadamente la mitad ya fue retirada y el resto permanece en espera debido a los procedimientos judiciales.
Israel Rosas Magallán, presidente del Comisariado Ejidal, pidió al Poder Judicial no entorpecer la organización interna de Naranja de Tapia y aseguró que la comunidad cuenta con sus propios mecanismos para solucionar las inconformidades.
“Tenemos los recursos suficientes para resolver los problemas internos. Le pedimos al Poder Judicial de la Federación que respete nuestra organización y que no intervenga ni entorpezca las decisiones que como comunidad indígena podemos tomar”, manifestó.
Las autoridades alertaron que el conflicto podría agravarse si las resoluciones federales continúan desconociendo la autoridad de la Asamblea. Aseguraron que Naranja de Tapia es una comunidad pacífica, pero advirtieron que responsabilizarán a quienes impidan el ejercicio de su forma de gobierno si se genera una confrontación.
El Consejo Supremo Indígena recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció recientemente la jurisdicción indígena y el derecho de las comunidades a resolver conflictos mediante sus normas y procedimientos internos. Por ello, pidió que los amparos sean analizados con perspectiva intercultural y con fundamento en el artículo 2 de la Constitución federal y el artículo 3 de la Constitución de Michoacán.
Las autoridades sostuvieron que los promoventes de los juicios pretenden utilizar como propiedad privada una parte del terreno comunal y denunciaron que el uso de los amparos está convirtiéndose en una vía para evadir las normas acordadas por la Asamblea.
