En Michoacán nos hemos acostumbrado a escuchar que el presupuesto anual de que dispone el estado no alcanza, que la cobija para cubrir todas las necesidades es insuficiente y que deben priorizarse los requerimientos de unos por encima de otros.
Es una historia repetida año con año, administración tras administración, lo que permite justificar a los gobiernos los recortes para las áreas que no resultan prioritarias o de interés en sus respectivos gobiernos.
El argumento de la falta de recursos resulta particularmente llamativo en la revisión de las cuentas públicas estatales, esto es, los informes que cada año el Ejecutivo del Estado está obligado a entregar al Poder Legislativo para su fiscalización sobre el manejo de las finanzas públicas.
Cada año se registra en Michoacán subejercicio de recursos públicos, es decir, no se gasta la totalidad del presupuesto autorizado y programado, esto pese a que todo el tiempo las instituciones públicas argumentan falta de recursos para operar, entonces ¿qué se hace con el dinero?, ¿por qué no se ejerce cuando las necesidades son tan bastas?.
La Cuenta Pública de 2019 entregada al Congreso en abril pasado ejemplifica claramente la situación. Ahí se da cuenta de un subejercicio de recursos en Michoacán por 882 millones 664 mil 886.47 pesos, es decir, cerca de 900 millones de pesos no se gastaron pese a estar presupuestados.
Esos 882 millones, superan el presupuesto anual de 2019 con que contaron 63 instituciones públicas en el estado en lo individual.
De haber redirigido esos recursos en la planeación inicial del presupuesto se hubiera podido quintuplicar los recursos para las universidades politécnicas de Lázaro Cárdenas y de Uruapan, las tecnológicas de Morelia y del Oriente, la Virtual, la Intercultural Indígena y la de la Ciénega del Estado en conjunto.
Simplemente, el recurso para obra convenida con municipios podría haberse triplicado en caso de que el dinero que finalmente no se gastó, se hubiera redirigido al momento de conformar el presupuesto.
Tenemos el caso de la Secretaría de Finanzas y Administración que es una de las más consentidas presupuestalmente, otorgándole cuantiosos recurso frente a otras áreas de la administración pública. Pues bien, dicha dependencia tuvo un subejercicio en 2019, de 45.9 millones de pesos.
Eso que dejó de gastar la Secretaria de Finanzas, superó el presupuesto anual asignado a instituciones como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Instituto de la Juventud, la Comisión de Pesca, la Procuraduría de Protección al Ambiente, Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, la Casa del Adulto Mayor, entre otras muchas.
Otra dependencia que se dio el lujo de no ejercer la totalidad de su presupuesto fue la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial que dejó pendiente de uso 43.3 millones de pesos.
Este caso llama de manera particular la atención si tomamos en cuenta que para 2019, el Ejecutivo del Estado pretendió instaurar el cobro de impuestos llamados ecológicos bajo el argumento de la protección al medio ambiente. Lo curioso es que mientras por un lado el tema ambiental se usaba como argumento para tener mayor recaudación, en los hechos el dinero destinado en la materia no es ejercido.
Otro detalle que llama la atención. El año pasado se etiquetaron 227 millones 735 mil 467 pesos a la partida denominada “Erogaciones adicionales y provisiones”. Dicha Unidad Programática Presupuestaria (UPP) fue suprimida desde el 2015 del presupuesto de egresos, debido a que se consideraba funcionaba como la caja chica del Gobierno del Estado fuera de toda supervisión programática por parte del Congreso.
Pues bien, en 2019 dicha partida fue revivida a propuesta del Ejecutivo y con el aval del Legislativo, pero al final sólo sirvió para mantener caliente el recurso, y generando réditos, ya que no se ejerció un solo peso de la misma.
Así pues, la planeación presupuestaria en Michoacán evidencia serias deficiencias, al igual que el ejercicio de los recursos públicos, pese al cúmulo de normas y regulaciones para darles efectividad.
Lo cierto es que existe un monto importante de recursos no ejercidos en Michoacán, sobre ellos no existe claridad acerca de dónde van a parar, o por qué no se destinan para apuntalar las áreas que así lo requieran. La falta de transparencia es la constante.
Así las cosas.
