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Me queda la palabra… En Michoacán el negocio público de la pandemia

En Michoacán el monto de los recursos públicos ejercidos para la atención de la crisis sanitaria es un misterio. Hasta el momento el Gobierno del Estado no ha informado de manera clara el cuánto, cómo y en qué se ha ejercido el dinero, ya que si bien las autoridades estatales son afectas a la publicidad, no lo son a la transparencia.

            En el bloque de gobernadores conformado con Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila, Colima, Durango y Nuevo León, el michoacano Silvano Aureoles Conejo han venido demandando –con el resto- que la Federación reintegre los recursos que han gastado para la atención de la pandemia.

            El problema, al menos en el caso de Michoacán es que nadie tiene claro cuánto y la manera en que se ha gastado el recurso. Aureoles señaló a mediados de mayo que ya se habían erogado un total de mil 780 millones de pesos, pero no ha dado explicaciones sobre ello.

            Más allá del dicho del mandatario michoacano, en nuestro estado no existe información oficial pública y clara sobre las erogaciones realizadas para la atención de la pandemia.

            Hasta mediados de mayo pasado en los procesos de licitación y contratación del Estado, así como en la relación de contratos de obras bienes y servicios por parte de la Secretaría de Salud sólo aparece uno relacionado expresamente para la atención de la contingencia sanitaria. Se trata de la licitación CADPE-EM-LPE-044-2020.

            Dicha licitación es para la adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos, y la convocatoria fue emitida el 14 de mayo de 2020. Siete días después, se realizó la junta de aclaraciones, y para el 29 de mayo se dio el fallo de adjudicación.

            La empresa beneficiada por Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Salud fue Corporación SIRV S.A. de C.V. por un monto de siete millones 683 mil 467.04 pesos.

            En lo que se observa ya como una práctica común de las licitaciones en las que se ve involucrada la Secretaría de Salud, se opta por adjudicar contratos a “empresas blancas” esto es, de reciente creación y que no tengan antecedentes de revisión por parte de los órganos de fiscalización tanto en el estado como en el país.

            Pese al millonario contrato firmado, de la corporación SIRV no existe ningún antecedente rastreable en internet sobre su experiencia, contratos con otras dependencias, actividades, y carece de un portal oficial para ofertar sus servicios.

            La razón parece obvia al checar los datos del Registro Público de Comercio, en donde SIRV apenas fue dada de alta el 24 de mayo de 2019. La constitución de la empresa quedó formalizada un mes antes, el 25 de abril de 2019 por el notario número uno con sede en Morelia, José Solórzano Herrejón.

            Así con apenas un año cumplido, SIRV se hizo de un millonario contrato con la Secretaría de Salud, para atender uno de los puntos medulares en esta pandemia que es el abastecimiento de insumos médicos.

            Aunque constituida en Morelia, los dueños de SIRV tienen historial en materia de contratos dentro del sector salud fundamentalmente en el Estado de México, en donde el Gobierno de Michoacán ha generado fuertes lazos de relación comercial –fundamentalmente en salud- con empresas vinculadas a familiares de Roberto Madrazo, tal como lo han hecho otros estados que participan en el bloque de gobernadores que ha venido exigiendo la reintegración de recursos gastados durante la pandemia.

            De acuerdo con los datos del Registro Público de Comercio, son dos los dueños de SIRV: Sonia Araceli Rosas Ruiz y Itandhewi Valentín Sánchez, la primera aparece como administradora única de la firma.

            Por años Rosas Ruiz participó en licitaciones relacionadas con el sector salud como representante legal de Eva Valdivia González, con quien Michoacán y el Estado de México tienen un historial de jugosos contratos en materia de salud, relacionados principalmente con materiales y útiles de oficina.

            En esta terna de personajes, puede observarse lo que sería una simulación de competencia en procesos de licitación que acababan por quedar en las mismas manos, una de ellas la REPSSE-006-19 del Estado de México, en donde los dos participantes fueron Valdivia González e Itandhewi Valentín Sánchez, emitiendo el fallo la autoridad a favor de la primera.

            La corporación SIRV abarca todo, desde la compra-venta, administración, promoción, fabricación, distribución, difusión y comercialización de lo relacionado a campañas publicitarias, publicidad en medios digitales, medios impresos, radio y televisión; hasta mobiliario, equipo y consumibles de cómputo; así como la exportación de “toda clase de productos”; además de la reparación, conservación y renovación de equipo médico “de cualquier especie”; aunado a la  compra, venta, fabricación, importación, exportación, arrendamiento, mantenimiento, comercialización de “toda clase” de maquinaria para la industria en general, entre otros muchos.

            El contrato firmado en Michoacán para abastecer de insumos al Sector Salud con motivo de la pandemia por 7.6 millones de pesos, abarca la adquisición de cuatro rubros: uniformes y batas quirúrgicos, overoles y sobrecitos de gel sanitizante.

            En el caso de los uniformes quirúrgicos, el pedido fue de 46 mil 954 juegos, consistentes en filipina y pantalón desechables para quirófano. Cada juego fue cotizado por la empresa en 28.8 pesos, lo que llama la atención si se toma en cuenta que su valor comercial mínimo es de 120 pesos.

En las especificaciones del material a entregar, SIRV señala que los uniformes son confortables, de tela con gran resistencia al desgarre que garantiza la movilidad, antiestática, resistente, ligera y repelente a líquidos. Es decir, toda una maravilla y por ¡tan sólo 28.8 pesitos!.

            Así las cosas.

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