Morelia, Michoacán.- Michoacán tiene el quinto mayor deterioro de la paz en el país, con las peores tasas de homicidios, delitos con violencia, delitos con armas de fuego y crímenes de la delincuencia organizada desde al menos 2015, por lo que la diputada Margarita López Pérez presentó ante el pleno de la LXXV Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto, por la cual se crea la Ley de Víctimas del Estado de Michoacán de Ocampo.
Consideró, en su exposición de motivos, que no obstante que el Estado creó la Ley de Atención a Víctimas, complementaria a la Ley General del Víctimas, debido a los constantes procesos de cambio de la violencia en México y principalmente de la Entidad, resulta urgente, necesario y pertinente realizar una reforma integral de la misma, adecuándola a las necesidades de la actualidad que prevalece hoy en día.
Puntualizó que el deterioro se debió principalmente al aumento de los indicadores de crímenes de la delincuencia organizada, homicidios y delitos cometidos con armas de fuego, la tasa de homicidios aumentó un 11.7%, lo que llevó a un total de 2,762 muertes, o 56.9 homicidios por cada 100,000 habitantes y al desplazamiento de más de 12,900 víctimas.
Ejemplificó que la tercera ciudad más grande del Estado, Zamora, tuvo una tasa de homicidio de 193 por cada 100,000 habitantes, la más alta del país en 2021.
Añadió que la violencia familiar ha incrementado de manera exponencial, pasando de 270 víctimas en el 2003 a 1183 en 2021, es decir, 438.1 por ciento, siendo el año 2018 el más violento para las familias, específicamente para la mujer, principal receptor de las agresiones en los hogares. Por ejemplo, en 2021, se recabaron 570 casos de abuso sexual, 181 de acoso sexual, 41 de hostigamiento y 549 de violación.
Margarita López sostuvo en la máxima tribuna del Estado que su propuesta integral de una nueva Ley de Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo, pretende armonizar, al día de hoy, los derechos de las víctimas del delito, de violaciones o violaciones graves a derechos humanos, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, a la memoria, a las garantías de no repetición, con base en los principios internacionales de la lucha contra la impunidad.
Se busca –dijo- reconocer y garantizar, en especial, el derecho a la asistencia, a la protección integral, a la seguridad, al bienestar físico y al psicológico, a la dignidad, a la vida privada, a la intimidad de sus familiares, a la atención inmediata y continua, a la verdad, a la justicia, a obtener la reparación integral, a la debida diligencia, a interponer recursos, a su participación activa en todas las fases del juicio y a la no revictimización.
De igual forma, promueve el respeto de la dignidad de todas las víctimas, quienes deberán ser tratadas con humanidad, sensibilidad y compasión, con respeto pleno a su derecho a acceder a los mecanismos de justicia y reparación integral, para indemnizarlas juntamente con el rápido restablecimiento de derechos y acceso efectivo de recursos apropiados para ellas.
“La inclusión de este marco normativo integral, es el inicio a la respuesta de la problemática que como activista me han planteado infinidad de víctimas por más de una década; hoy, como legisladora, es un honor materializar con respuestas a esas necesidades. Seguiré trabajando para transformar el derecho y sus instituciones en beneficio de las y los michoacanos que más lo necesitan, bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, acorde a nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales de los cuales formamos parte”, concluyó.
