Una lucha que encabezó la Mtra. Elvia Higuera Pérez, cuando ocupaba el cargo de consejera en el Instituto Electoral de Michoacán fue lograr el principio de paridad de género en los procesos de elección y representación, de manera vertical y horizontal, es decir, generar condiciones justas y equitativas para ser electas y poder competir en municipios, que se agruparon en alta y muy baja competitividad, lo cual fue una experiencia que dejó muchos aprendizajes pero también represalias, castigos y vacíos políticos cuando se necesitaba que hubiese un perfil profesional para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que varios diputados y diputadas se dieron la vuelta cobardemente.
Quienes ahora conforman al Congreso son resultado de esta gran batalla, posiblemente llegaron por la democracia y la paridad, pero desafortunadamente con historiales bastantes cuestionables y con muy bajos niveles, lo cual ha tenido un costo y es ahí donde la marrana torció el rabo.
Y es que como en todo proceso de lucha siempre quedan cosas por concretar y hacer, como es el caso de la agenda política de las mujeres, ya que siempre hay que estar al pendiente de que siga su curso y que no sea tergiversada o desviada de sus objetivos, los cuales serían generar las condiciones para la igualdad de género y eliminar todas aquellas acciones que perpetúen la violencia contra las mujeres.
Una de las estrategias que falta por consolidar es la discriminación positiva cuando de aspiraciones a ocupar cargos de representación política se trata, ya sea diputaciones, presidencias municipales, cabildos, sindicaturas, gubernaturas, secretarías, etc. ya que sigue imperando la visión machista y patriarcal sobre la representación de mujeres en los cargos de elección y públicos en la toma de decisiones.
La discriminación positiva como acción afirmativa, fortalecería la democracia y la pluralidad, y quizá tendremos hombres o mujeres comprometidos/as con fortalecer una agenda de género más amplia con consensos respetando las diferencias, incluidas las ideológicas y de credo, para no impedir el avance de los derechos humanos de las mujeres y lograr su desarrollo integral.
Pero al parecer hay regresiones y posicionamientos que hacen daño a las mujeres como a la sociedad en su conjunto, como lo que ahora vemos en España, Brasil, Estados Unidos por citar algunos países. Imponiendo mecanismos de subordinación para lo que yo llamaría <la administración de los problemas>, porque simplemente es redituable sostenerlos en términos políticos y económicos, condiciones propicias para la corrupción y el enriquecimiento personal, porque vale el oportunismo como el silencio y el ausentismo.
Por ejemplo, este momento de contingencia, en donde las personas, están más preocupadas por sobrevivir, suelen colocarse ocurrencias y acciones punitivas en el Congreso en donde hay más quejas que trabajo, más divisiones que acuerdos, más iniciativas anti derechos humanos que progresistas, sin análisis sensatos que se opongan porque la negociación es otra, en donde el quo pro quo se da, porque las mujeres siempre hemos sido moneda de cambio.
Lo anterior, es violencia contra las mujeres, y se da desde este espacio legislativo, en donde la violencia institucional y la violencia política, son legitimadas por el ejercicio del poder que imposibilita una relación horizontal no jerárquica, pese a que el fuero constitucional fue eliminado. Ahora no hay diálogo, porque se impide que haya presencia ciudadana, aunque también hay acarreados con denigrante espectáculo como cuando se aventaron billetes y monedas al son de “corruptos”.
Es violencia institucional, como lo expresa la ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Michoacán, que es “el conjunto de acciones, prácticas omisiones de servidores públicos, que prolonguen, obstaculicen o impidan que las mujeres accedan a los medios, al goce de sus derechos y a las políticas públicas necesarias para su desarrollo y destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia (…)”. Y es violencia política, porque nos impide participar políticamente en el avance de nuestra agenda y reconocernos como ciudadanas, y que en un sentido más amplio afecta nuestros derechos políticos-electorales, porque votamos para avanzar no para retroceder, lo que podría interpretarse como decisiones que limitan, inducen y obligan a decidir en contra de nuestra voluntad.
Recordemos que la violencia en la ley también reconoce “Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”, y es que hemos aprendido que quienes hacen las leyes no se la saben, aunado a que tampoco les importa, que es mucho peor.
Sabemos que hay una gran preocupación por la violencia política hacia las mujeres y que esta sea sancionada, ante el inminente proceso electoral, sin embargo, hay algo inquietante, y es el reduccionismo, que para mí le dan a la violencia política sin que la relacionen con los otros tipos de violencias contra las mujeres, y no se mira dentro de un marco más amplio.
Sepan ustedes, que no todas las violencias contra las mujeres están sancionadas ni reconocidas como delitos, no porque no lo sean sino que la armonización y reconocimiento de las violencias, no es agenda de este congreso.
Además de que persisten atavismos como el que las mujeres dicen mentiras o como el que 90% de las llamadas de auxilio son falsas, y tantito peor todo es culpa de “la desunión familiar” o como también le llaman “familias desintegradas”, que sería bueno que nos explicaran qué quiere decir eso, no porque yo no sepa, sino saber qué entienden estas personas cuando dicen eso, ya que seguido se rasgan las vestiduras con estos clichés.
Negar que el origen de la violencia, se da en la familia por la desigualdad de género, es no comprender nada sobre violencia, y si esto no se cree les invitó un paseo por los juzgados de lo familiar, los cuales están llenos de peticiones de pensión alimenticia, divorcios, guarda y custodia de los hijo e hijas, y que son evidencias de la violencia feminicida.
La violencia familiar, también reproduce violencia política, porque se perpetúan los estereotipos y prejuicios adquiridos en el espacio público, impidiendo a las mujeres participar para ser electas, casi siempre en condiciones de desigualdad, a través de actos de discriminación, como prácticas naturalizadas, institucionalizadas y recurrentes de violencia.
Al preguntarles sobre la violencia a las mujeres que militan en los partidos políticos, me han compartido que “es normal, que así es esto de la política”, en pocas palabras esta internalizada y culturalizada, no se atreven a denunciar o interponer algún recurso jurídico porque demerita su oportunidad de contender.
Algunas me dirán no es cierto, ya tenemos protocolos, lineamientos, recursos, a lo que responderé si muy bien, pero deciden, son respetadas, son reconocidas, son fortalecidas, casi siempre obtengo un silencio como respuesta.
Cuando llegan al cargo público, se les olvida que hay una agenda política de las mujeres, por la cual avanzar y estar conscientes, que es importante eliminar la violencia contra las mujeres, pese a sus creencias y a lo que crea su partido, aunque no les parezca, porque estamos teniendo costos de un retroceso brutal de los derechos humanos de las mujeres.
Sin embargo, hay personas e instituciones que sí están haciendo algo, tal es el caso de la Magistrada Electoral Alma Bahena Villalobos, que de manera conjunta con los y las integrantes del Tribunal Electoral del estado de Michoacán (TEEM) acordaron implementar medias de protección a la Síndica del municipio de Jiquilpan, Dalia Paola Canela Espinoza y Nélyda Dianara Guerra Lupian y Andrés Rodrigo Mendoza Betancourt, regidora y regidor de este municipio, ante la violencia de la que son objeto por parte del presidente municipal, por lo que decidieron defenderse y eso es importante, por ahí se empieza, por instrumentar todos los mecanismos que se tienen para parar esta violencia contra las mujeres, incluida la política.
