“Hombres que cometieron crímenes graves siguen siendo importantes en la sociedad, caminan por la calle, ocupan cargos importantes, en vez de pasar su vida en la cárcel. Mihai Eminescu (1850 – 1889) Poeta rumano.
Abundan los políticos de todos los colores partidistas que deberían estar en la cárcel y que de manera sorprendente se mantienen vigentes gracias a su pragmatismo, a su habilidad para cambiar de partido en el momento adecuado, por su cercanía con el político empoderado o por su apellido.
En Michoacán los ejemplos abundan. Estoy seguro de que, usted estimado lector, tiene una enorme lista de personas que transitaron rápidamente a la riqueza tras su paso por la administración pública o la “representación” popular, porque para colmo, hasta la presumen.
Los últimos días la corrupción a la michoacana ha cobrado notoriedad por las órdenes de aprensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y siete de sus entonces funcionarios estatales: J. Antonio Bernal Bustamante, Juan Bernardo Corona Martínez, Israel Patrón Reyes, Carlos Maldonado Mendoza, Elizabeth Villegas Pineda, Mario Delgado Murillo y Guillermo Loaiza Gómez.
Con información de la periodista Miriam Moreno en el noticiario que conduce Ciro Gómez Leyva, se conoció que la Causa Penal 118/2025 establece su “probable participación en la comisión de los que la ley señala como delitos de Peculado, Administración Fraudulenta, Asociación Delictuosa y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, con daño al erario por 3 mil 412 millones de pesos.
Destacó que la responsabilidad del exgobernador Aureoles Conejo, que suele ser más complicado que los alcance la ley, se debe a que emitió 7 acuerdos para autorizar la adquisición de los complejos de seguridad pública ubicados en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Además, porque en su calidad de gobernador permitió la compra con sobreprecio de dichos cuarteles y por ser responsable de la contratación de los funcionarios señalados.
Hasta el momento, Silvano Aureoles, Bernardo Corona, Israel Patrón y Guillermo Loaiza se encuentran prófugos; mientras que Carlos Maldonado, Antonio Bernal, Mario Delgado (quien se venía desempeñando como delegado Administrativo de la secretaría de Finanzas en la administración de Alfredo Ramírez Bedolla) y Elizabeth Villegas, fueron vinculados a proceso por la jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México,Patricia Sánchez Nava.
Se presume que la empresa presuntamente beneficiada, Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios, manifestó tener 15 años de experiencia, pero su acta constitutiva es de noviembre de 2015 con un capital de 50 mil pesos.
Hasta el momento, según explicó la periodista Miriam Moreno, la Causa Penal no estipula cómo el dinero referido llegó a las cuentas de Silvano Aureoles o alguno de sus funcionarios.
La denuncia que provocó las órdenes de aprensión la presentó el gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla en febrero del 2022, sumada a otras 21 por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, como lo informó en días pasados la contralora del estado, Azucena Marín Correa.
El reto ahora es que haya un debido proceso y que, de resultar culpables, el castigo sea ejemplar. Basta de tanta corrupción e impunidad.
En el caso Michoacán las sospechas están desde el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, pasando por los de Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García, Salvador Jara Guerrero, Silvano Aureoles Conejo y Alfredo Ramírez Bedolla.
Además de varios funcionarios de dichos gobiernos, las sospechas de corrupción alcanzan a muchos que fueron legisladores que, con todo y la Auditoría Superior, no procuraron la rendición de cuentas y, por el contrario, aprobaron sin mayor problema la mayoría de las cuentas públicas.
Son personas que se han mantenido vigentes más de dos décadas, que pese a las sospechas de corrupción siguen empoderadas, son actualmente funcionarios o legisladores.
El propio gabinete de Ramírez Bedolla que tanto ha criticado y denunciado al gobierno de Silvano Aureoles por corrupto, está impregnado de “silvanistas”. Fueron perredistas, ya son de Morena.
Las sospechas sobre desfalcos, desvíos, usos de sistemas fraudulentos en el manejo de recursos públicos como “la licuadora”, han sido una constante desde hace más de dos décadas, que incluye obras como la presa J. Múgica con la participación de la empresa Odebrecht o el perdón otorgado por Cárdenas Batel a la exfuncionaria América Aguilar, tras un desfalco en la secretaría de Finanzas; la firma de minutas con la CNTE, la entrega de plazas, los aviadores y un larguísimo etcétera.
Por lo pronto, Silvano sigue prófugo y no se descarta que ya lo hayan agarrado y esté negociando, al final, debe tener cualquier cantidad de información con la que podría implicar a muchos, de los que ya están cobijados por Morena.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
