Hay quienes insisten en denunciar la existencia de fraudes electorales en la era democrática de México, aun cuando no puedan presentar pruebas empíricas ni explicaciones lógicas de ello. Se trata de un mito, que de tanto repetirse arraiga en quienes desean creerlo. Hagamos un repaso de las condiciones normativas y operativas de las elecciones mexicanas para ver qué tan factibles son los fraudes electorales.
Empecemos por describir las normas de los procesos electorales antes de que existiera el IFE, antecesor directo del INE. En aquel pasado, las elecciones federales las organizaba una Comisión Federal Electoral (CFE), presidida por el secretario de Gobernación. La CFE designaba a los presidentes de las Comisiones Locales de cada estado, y estas nombraban a los integrantes de los comités distritales electorales. Estos funcionarios eran cercanos al gobierno y al partido oficial, y a menudo eran premiados con un puesto en el gobierno después de las elecciones. Los comités distritales designaban como funcionarios de casilla a personas de su confianza. Muchos de esos ciudadanos eran honorables y actuaban con imparcialidad; otros, no tanto, y a menudo alteraban las votaciones. Los cómputos se hacían en los comités distritales, dominados cuantitativa y políticamente por los representantes del PRI. Los votos podían contarse correctamente, pero, “en caso necesario”, se alteraban actas, boletas y resultados. Las elecciones locales tenían una estructura análoga a la CFE y operaban de modo semejante. Así eran las elecciones en México mientras estuvieron controladas por los gobiernos.
Este modelo cambió sustancialmente con la creación del IFE, en 1990, y más aún con la reforma electoral de 1996 que le dio a este organismo plena autonomía constitucional. Como muchos recordarán, quien presidió el primer Consejo General del IFE autónomo fue José Woldenberg, ampliamente reconocido por su imparcialidad, independencia y honorabilidad. Woldenberg es un verdadero estadista y uno de los grandes constructores de la democracia mexicana. Pero más allá de las personas, lo decisivo para que las elecciones sean limpias es el diseño institucional y procedimental, que hace prácticamente imposible alterar las votaciones.
El sistema electoral actual cuenta con un padrón electoral confiable, con credenciales para votar infalsificables, que garantizan que voten solo quienes tienen derecho a hacerlo. Además del Consejo General del INE como órgano máximo de dirección, en períodos electorales operan consejos locales y distritales, integrados por ciudadanas y ciudadanos independientes, que deciden y vigilan los actos de los funcionarios del INE. Esos consejos seleccionan capacitadores, aprueban la ubicación de casillas, designan a los funcionarios de casilla y hacen los cómputos de votos a la vista de los representantes de todos los partidos. Las mesas directivas de casilla se integran por medio de un proceso complejo y muy vigilado: los ciudadanos se convocan por sorteo, se les capacita en forma imparcial, se les selecciona con reglas claras y transparentes. Ellos, a su vez, instalan las casillas, identifican a los votantes, cuidan el secreto del voto, cuentan minuciosamente todas las boletas a la vista de todos, llenan las actas de escrutinio y cómputo y remiten los resultados a los consejos distritales. Los representantes de partido reciben copias de las actas, que se cotejan una a una en los cómputos distritales. Gracias a estos procedimientos -complejos y costosos, ciertamente- el fraude electoral, entendido como alteración de los votos depositados en las urnas, es imposible.
Algunos personajes políticos repiten que en 2006 hubo fraude en la elección presidencial. Curiosamente, no dicen que haya habido fraude en las elecciones de senadores y diputados elegidos ese mismo día, por los mismos votantes y con procedimientos idénticos. Se trata de una denuncia sin pruebas. Es un hecho que la votación presidencial estuvo muy cerrada (con sólo 0.56% de diferencia entre el primero y el segundo lugar). Pero la jornada de votación transcurrió en orden, votaron sólo quienes tenían derecho a hacerlo y lo hicieron en secreto; los votos se contaron en las casillas uno por uno, a la vista de todos, y se llenaron con imparcialidad las actas de escrutinio y cómputo, de las que cada representante de partido recibió copia.
Todas las encuestas de salida conocidas revelaban una votación muy cerrada, la mayoría con ventaja para Felipe Calderón. El primer resultado institucional conocido por el presidente del IFE, la misma noche de la elección, fue el del Conteo Rápido, un ejercicio muestral muy robusto que también daba una ligerísima ventaja a Calderón: 36.17% a 35.33%, según los valores medios de estimación. Sin embargo, obedeciendo un acuerdo previo poco pertinente, el resultado del Conteo Rápido no se difundió esa noche porque la diferencia era menor a uno por ciento.
La suma de los 300 cómputos distritales dio un resultado casi igual al del Conteo Rápido. Y los recuentos de votos de más de 11,800 casillas, ordenados por el Tribunal Electoral, confirmaron casi el mismo resultado: 35.89% a 35.33%. Abundan las pruebas documentales de ese resultado oficial. Quien quiera hacerlo, puede consultar todavía, en línea, cada una de las actas de casilla de esa elección. En cambio, quienes hablan de fraude no tienen más prueba que su propia creencia. Pero el mito pervive, como suele ocurrir con los mitos.
