Morelia, Michoacán.– Aunque la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Michoacán reportó avances en la recuperación de recursos públicos, el monto alcanzado todavía resulta mínimo frente al daño patrimonial detectado en investigaciones en curso.
Durante la presentación del Primer Informe de Resultados y Avances 2025-2026, la fiscal especializada, Marisol Sánchez Zamudio, informó que actualmente se tiene una cuantificación preliminar del daño patrimonial por aproximadamente 499 millones de pesos; sin embargo, la recuperación efectiva asciende a 2 millones 669 mil pesos, mediante mecanismos alternativos y resoluciones judiciales.
Esto significa que, frente al monto estimado como daño al patrimonio público, aún estarían pendientes de recuperar alrededor de 496 millones 331 mil pesos, es decir, la mayor parte de los recursos detectados dentro de las investigaciones.
En su informe, Sánchez Zamudio señaló que en el periodo anterior a su gestión se habían recuperado poco más de 920 mil pesos, mientras que actualmente la cifra supera los 2.6 millones de pesos. También destacó que se atendió a más de tres mil personas, entre denunciantes, víctimas, ciudadanos que solicitaron orientación jurídica y personas entrevistadas como parte de actos de investigación.
No obstante, frente a ese universo de atención, la judicialización de casos sigue siendo limitada: la fiscalía reportó 24 carpetas judicializadas, en las que se formuló imputación contra 49 personas, de las cuales 36 son hombres y 13 mujeres. Además, durante el evento se destacó que la institución registra 131 carpetas de investigación, cifra que, frente a las más de tres mil atenciones mencionadas, refleja todavía un margen amplio entre las denuncias, investigaciones y casos que llegan ante los tribunales.
Al fijar postura durante el informe, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, sostuvo que la rendición de cuentas no debe entenderse como una cortesía institucional, sino como una obligación constitucional y un principio indispensable para la vida democrática del estado.
“La corrupción no es un problema administrativo ni es un fenómeno aislado; constituye una violación a los principios de legalidad, a la buena administración pública y al derecho que tiene la ciudadanía de contar con instituciones honestas y eficaces”, expresó.
La legisladora advirtió que cada acto de corrupción representa recursos que dejan de convertirse en escuelas, hospitales, carreteras, programas sociales y apoyos para la ciudadanía. Por ello, señaló que una fiscalía especializada no puede medirse únicamente por el número de carpetas de investigación, sino por la solidez de sus investigaciones, los procesos judiciales, las resoluciones y, sobre todo, por la recuperación de la confianza ciudadana.
Bugarini Torres afirmó que desde el Poder Legislativo corresponderá analizar con objetividad el informe, revisar el cumplimiento de metas institucionales, evaluar el uso responsable de los recursos públicos y, en caso necesario, perfeccionar el marco jurídico para fortalecer las herramientas contra la corrupción.
“Sólo así el combate a la corrupción deja de ser un discurso para convertirse realmente en una política permanente”, subrayó.
