Integrantes del colectivo “Ni Uno Más” Michoacán denunciaron y condenaron la omisión de integrantes de la LXXVI Legislatura local, que no concretaron la dictaminación de la iniciativa de reformas al Código Penal del estado y a la Ley de Protección a Periodistas, que sancionan el discurso de odio contra este gremio, pese a que coordinadores parlamentarios comprometieron aprobarla el 10 de abril del 2025.
A nombre del colectivo, la periodista Patricia Monreal Vázquez, recordó que el compromiso de dar seguimiento y acompañamiento por la propuesta fue asumido frente a la madre de Mauricio Cruz Solís, periodista asesinado en Uruapan, sin embargo, la palabra sigue sin cumplirse, debido a la resistencia de Morena y un diputado del Partido del Trabajo.
“Las resistencias quedaron en evidencia: Morena y un legislador del PT representaron el dique que impidió que, al interior de la Comisión de Justicia, el dictamen quedara listo para ser turnado al Pleno en la sesión de este día. Con ello, prácticamente se cancela la posibilidad de que la Ley Mauricio sea aprobada, pues para el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones el proceso electoral ya habrá comenzado y, con ello, la atención y el interés de los diputados se centrarán en temas distintos a los legislativos”.
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Al hacer uso de la tribuna en la conferencia de prensa que previo a cada sesión del pleno convoca el presidente de la Mesa Directiva, la periodista recordó que la iniciativa fue denominada “Ley Mauricio” en memoria del periodista Mauricio Cruz Solís, asesinado en Uruapan el 29 de octubre del 2024, a unos minutos de realizar una entrevista al alcalde, Carlos Manzo Rodríguez “en horario y formato definido por el propio munícipe”.
Afirmó que Mauricio, como otros periodistas de Uruapan y el propio colectivo, fue “objeto del discurso de odio alentado por Carlos Manzo y el denominado Movimiento del Sombrero, discurso que, persiste y recientemente registró un nuevo episodio en Morelia, en voz del diputado Carlos Bautista Tafolla”.
“La palabra empeñada por las y los diputados el 10 de abril fue incumplida. La mayoría de ellos no dio seguimiento alguno a esta iniciativa y su omisión los convierte en cómplices de la violencia que enfrentan las y los periodistas, una violencia que encuentra terreno fértil en el discurso de odio, sobre el cual, es claro que este Congreso se resiste a legislar.”
Además de tipificar el discurso de odio contra los periodistas, la iniciativa plantea reformas al Código Penal del Estado y a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para establecer agravantes para los delitos cometidos en su contra con motivo del ejercicio de su labor; derogar el delito de ataques al honor, e incorporar excluyentes de responsabilidad para periodistas en el delito de ataques a la propia imagen.
