Morelia, Mich.- Al presentar un escrito ante el Poder Legislativo con el fin de demandar que la iniciativa de reforma en materia indígena sea consultada a los pueblos originarios, integrantes del Consejo Supremo Indígena (CSI), anunciaron medidas, como movilizaciones y, en su caso, impugnaciones, por ser una propuesta de calificaron de “discriminatoria” para el resto de localidades indígenas.
Pavel Uliánov Guzmán Macario, vocero del CSI, denunció que la propuesta del Ejecutivo no fue consultada a quienes dice representar, como obliga la ley, y no cuenta con el aval de las localidades.
“Con fundamento en el artículo segundo de la Constitución Política de México, donde instituye el derecho colectivo a ser consultado sobre las medidas legislativas y administrativas que pretendan adoptar, cuando éstas puedan tener impacto significativo en su vida y entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o en su caso llegar a tales medidas, solicitamos al Congreso del estado que nos consulte de manera previa, informada y culturalmente adecuada sobre la iniciativa de reforma constitucional em materia indígena en Michoacán”, comentó.
Agregó que en Michoacán se busca homologar las reformas al artículo segundo en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, si bien la propuesta del Ejecutivo estatal tiene avances, añadió que es “discriminatoria” toda vez que establece la entrega de recursos de manera directa del presupuesto estatal a las comunidades que tienen autogobierno.
Refirió que de hacerse la reforma en los términos planteados por el gobierno estatal se discrimina al resto de las comunidades y violenta sus derechos constitucionales, ya que en la práctica solo permitirá que 40 comunidades indígenas reciban el presupuesto estatal y marginaría a 460.
La reforma dijo, no establece que puedan las comunidades puedan establecer sus propios sistemas educativos y su sistema de justicia que tiene a sus jueces tradicionales aunque existen más de 200 de facto, además apenas se entregó este miércoles la propuesta, no viene el derecho a consulta, el presupuesto estatal para las comunidades y derecho al territorio.
