Este miércoles 03 de noviembre se conmemoró el Día de Luto Estatal por Todas las Mujeres Víctimas de Feminicidio, con la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y funcionarios federales, estatales y municipales.
Precisamente hace unos días, la organización Impunidad Cero recién dio cuenta del estudio Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México: Reporte 2020, elaborado por Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez con cifras de 2019, donde México aparece como el quinto país a nivel mundial con mayor incidencia de homicidios, conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Michoacán, a su vez, se sitúa como el noveno estado más violento del país, al registrar 42.8 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, en contraste con apenas 34.5 carpetas de investigación abiertas.
En cuanto al feminicidio, Michoacán registró 13 en 2019, con lo cual se colocó en el vigésimo primer lugar. Sin embargo, en relación con las mujeres víctimas de muertes violentas, subió al décimo sexto puesto, con 172 casos, además de los 13 feminicidios.
La investigación destaca también que la impunidad es uno de los principales problemas en México, aspecto en el que los ministerios públicos, policías investigadores, peritos y analistas de información criminal juegan un papel clave, al ser los que aportan elementos a través de la generación de líneas de investigación y productos de inteligencia.
Ya en 2020, de acuerdo con el diario La Jornada (08/08/2021), las mujeres asesinadas en la entidad fueron 246. Asimismo, diversos medios locales dan cuenta de que Michoacán saltó en dicha anualidad al quinto lugar en feminicidios.
Por ello, más allá de los discursos de gobernantes y funcionarios, las palabras que hoy resonaron son las de Karina Ruiz Vega, quien habló durante el acto conmemorativo celebrado en la capital michoacana, en representación de las Colectivas “Libres Morelia” e “Incendiarias”.
Estamos aquí, dijo, para que nos escuchen y no olviden que vivimos y gobiernan un estado feminicida, que Michoacán apesta a sangre y que mientras sigan siendo omisos, son cómplices. Ruiz Vega puso el dedo en la llaga al señalar la “incapacidad del estado michoacano para abordar la situación”.
Evidenció, por supuesto, que Michoacán ocupa el quinto peldaño a nivel nacional “con más muertes violentas de mujeres y en comparación con el año pasado, registramos un aumento del 18 por ciento en homicidios”. Hizo hincapié que el feminicidio comienza con la violencia doméstica, aunque habría que agregar el caso del hostigamiento, el acoso sexual y la violencia laboral.
Tal situación la han padecido al menos cuatro trabajadoras de la salud por parte de quien fuera Director del Hospital General de Sahuayo del 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de julio de 201, Alejandro Téllez Pulido, quien fue destituido luego de las denuncias públicas de las quejosas, que por fortuna tuvieron eco en la anterior secretaria de Salud estatal, Diana Carpio Ríos.
Las víctimas son Frania Lizeth Gálvez Navarrete, Karina Rivas de Anda, Luisa Sánchez Lira y Franea Scarlet Mercado Tostado, quienes también denunciaron los hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde resulta que el agente del ministerio público de nombre Zacarías Díaz Ayala, quien ya cuenta con una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en su contra (la 019/2020), se ha dedicado a obstaculizar el proceso de investigación y a ignorar a las denunciantes.
Por lo anterior, ya interpusieron en septiembre de este año una queja ante la Contralora de la FGE, María Isabel Torres Murillo, para que se tomen cartas en el asunto. Anteriormente, ya hemos mencionado en este espacio otros casos de ministerios públicos con similares patrones en su actuación y antecedentes, lo que da la razón a Karina Ruiz al haberse señalado hoy que el sistema está “podrido”.
Desgraciadamente, muchas carpetas de investigación en la FGE yacen en los cajones de la impunidad, debido no solamente a la negligencia, sino hasta la complicidad con la que actúan desde dentro de la propia institución con las y los agresores, haciendo gala de abuso de poder y prepotencia. Si no, basta preguntarle a muchas de las víctimas que todavía no han encontrado justicia y sus casos siguen impunes y sin justicia, no importa la buena fe y la responsabilidad con la que se maneje su titular, Adrián López Solís.
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