Tras eliminar por decreto la autonomía financiera que la Auditoría Superior de Michoacán tenía apenas desde el 2020, diputados locales buscan ahora tener control de los recursos humanos y materiales del que dispone el órgano técnico, pese a que constitucionalmente mantiene su autonomía y es responsable del Gasto
Vía oficio, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Anabet Franco Carrizales y la titular de la Mesa Directiva, Julieta Zepeda García, ambas emanadas de Morena, ya requirieron a su titular, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, que les remita la información y la documentación de la plantilla de los 420 trabajadores de dicho organismo, al señalar que desde noviembre pasado, ya forma parte de la Unidad Programática Presupuestal que corresponde al Congreso.
Incluso establecen como plazo “horas” para que se entregue lo requerido, ya que de lo contrario, se retrasaría el pago al personal y se dará vista a las autoridades correspondientes para que procedan en consecuencia.
Sin embargo, los legisladores no han emitido hasta el momento “los anexos correspondientes” que se aprobaron el pasado 15 de noviembre cuando se suprimió la autonomía presupuestal de la ASM y que permitiría determinar legalmente el procedimiento que debe seguir este órgano técnico.
En consecuencia, solo eliminaron en el papel la autonomía presupuestal, pero se mantiene en la Constitución y en el resto de los marcos jurídicos que rigen su desempeño.
De acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política del Estado, que está vigente, la Auditoría Superior de Michoacán, “tendrá autonomía técnica, de gestión y capacidad para que en el ejercicio de sus atribuciones decida sobre su organización interna, ejercicio de su presupuesto, funcionamiento y resoluciones”, sin que a la fecha se haya reformado el contenido.
Legisladores tampoco han modificado el artículo 114 de la Ley Orgánica del propio Congreso local, que señala que el funcionamiento de la Auditoría debe cumplir lo dispuesto por la Constitución local y la Ley de Fiscalización, que en su artículo 2 establece que “tiene autonomía técnica, de gestión y capacidad para que en el ejercicio de sus atribuciones decida sobre su organización interna”.
Sin embargo, los diputados ya dejaron de suministrar los recursos económicos necesarios para la operación y pago de salarios a la plantilla laboral de la Auditoría, donde se reportan al menos 26 trabajadores de base que no han recibido su salario.
