El presidente del Congreso del estado, Balazar Gaona García anunció que promoverá ante el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de la entidad denuncia contra la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González por incumplir con el plazo de 190 días hábiles que se estableció en la reforma constitucional para que la Casa de Hidalgo realizara las adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas internas a fin de que la Casa de Hidalgo lleve a cabo la elección del nuevo rector.
Señaló que, de igual forma, la rectora incumplió con el plazo de 15 días naturales que le otorgó el pleno para que explicara los motivos por los que no atendió el mandato legal y solo a través de medios de comunicación, argumentó una mal entendida autonomía, “para escudarse en el desacato así como en la irresponsabilidad”.
“Esto quiere decir que el término ya feneció, feneció el viernes pasado, el viernes 10 de abril y resulta que la Universidad incumplió con este exhorto, no nada más incumple con decreto sino que incumple con el exhorto que este Poder Legislativo le hizo, y bueno al no haber ninguna información al respecto, bien hubiera podio presentar la solicitud de una prórroga (…), bien podría haber entregado algún avance y dar una explicación por qué el retraso y demás, pero no entregó ninguna información y en lo económico no hizo ningún pronunciamiento, lo que sí es que a través de los medios de comunicación, ella se escuda en la autonomía de la Universidad para no atender estos requerimientos”.
El legislador del Partido del Trabajo (PT), advirtió, en conferencia de prensa, que el hecho podría quedar solo en una falta no grave y ameritar solo una llamada de atención del Tribunal.
Sin embargo, no descartó que el Tribunal pudiera catalogar el incumplimiento como una falta grave y determinar la destitución del cargo, esto ante las repercusiones que el incumplimiento pudiera tener para el proceso que debe llevar a cabo la institución para el nombramiento del nuevo rector o rectora.
Explicó que en este caso, el Congreso tendría que iniciar un juicio político contra la rectora nicoalita.
“Esta presidencia ha tomado la decisión de interponer una denuncia ante el Tribunal Anticorrupción y ya la autoridad competente definirá cuál es el proceso a seguir, en ese ruta se puede catalogar esta falta como una falta no grave, que eso solo implicaría una llamada de atención o alguna multa, si esta multa se considera grave, esta falta se podría considerar la destitución y, en dado caso, que se considere la destitución, el Congreso tendría que llevar a cabo un juicio político para ese caso”.
Baltazar García advirtió que el hecho sí podría derivar en una falta grave, ya que a 8 meses del relevo en la rectoría nicolaita “no hay claridad en cómo se van a regular los procesos administrativos-orgánicos y de elección del nuevo rector”, por lo que podría lesionar los intereses de los aspirantes al cargo.
