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Denuncia comisionada de Transparencia, Ruth Espinoza injusticia y posible violencia en su contra

La comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), Ruth Nohemí Espinoza Pérez denunció enfrentar una injusticia y posible violencia, ya que por “defender” su punto de vista, los otros comisionados, Abraham Montes Magaña y Areli Yamilet Navarrete Naranjo, acordaron solicitar juicio político en su contra e incluso presentar denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

La situación de acoso inició cuando a la ponencia de Ruth Nohemí tocó resolver una denuncia ciudadana contra el ayuntamiento de Morelia, por el uso de imágenes de menores sin tener el consentimiento escrito de los padres o tutores, que desechó el Instituto Electoral de Michoacán con el folio IEM/PES/2012/2024 y que llegó a la comisionada en febrero del 2024.

Tras realizar la investigación y constatar la vulneración en que se incurría, la integrante del IMAIP dio un plazo de 24 horas al ayuntamiento para eliminar las fotografías de los eventos en los que aparecían los menores, orden que acató el gobierno municipal.

Sin embargo, la notificación del cumplimiento se dio 5 minutos después de vencido el pazo y al certificar si efectivamente se había acatado lo solicitado, se verificó que faltaba una fotografía y en un caso no se habían difuminado de manera adecuada los rostros de los menores, por lo que se requirió de nueva cuenta el cumplimiento.

En la sesión donde se discutió el caso, los 3 comisionados coincidieron en que había una violación de los datos personales, pero la ponente consideró que las medidas de apremio que impuso eran suficientes, por lo que no contempló alguna sanción adicional.

Sin embargo, el presidente del Instituto, Abraham Montes Magaña insistió en que debían imponer una multa al sujeto obligado, al referir la gravedad de la falta; en consecuencia la ponente votó en contra de esa sanción, pero finalmente la propuesta fue aprobada por mayoría de votos de los otros comisionados.

Pese a su desacuerdo con el tema, los otros integrantes del pleno del IMAIP le ordenaron modificar su resolución e incluso argumentar legalmente la necesidad de sancionar al sujeto obligado, cuando debía respetarse su voto en contra de la propuesta.

Al no cumplir con lo que “le ordenaron”, se citó este 23 de mayo a sesión extraordinaria del pleno el IMAIP, en la que los otros comisionados la acusaron de “faltas administrativas”.

En consecuencia y sin tener facultades legales para ello, acordaron solicitar juicio político en su contra ante el Congreso local, presentar denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción incluso con una relatoría de lo ocurrido en la sesión donde se discutió el hecho, denunciar también lo ocurrido ante el Comité de ética y ante el órgano interno de Control del Instituto.

Al respecto, la comisionada Ruth Nohemí Espinoza Pérez, consideró “una injusticia” que se hayan iniciado procedimientos en su contra por realizar una interpretación de la norma y hacer uso de su derecho a emitir su voto de acuerdo a su criterio.

Señaló que sus argumentos en contra de la multa son válidos y advirtió que la nueva resolución del pleno podría configurar violencia en su contra.

“Fue en virtud de una disputa si era en relación a un incumplimiento del acuerdo que hubo, donde por mayoría de votos, se dio la resolución y también donde tu servidora no estuve a favor de la imposición de una multa, donde di mis argumentos, que son válidos y por el hecho de no coincidir a lo que ellos están iniciando, es que me están iniciando estos procedimientos, por lo tanto es una injusticia que se pudiera configurar una violencia hacia mí. “

Recordó que los comisionados tienen derecho a estar o no de acuerdo en una resolución y ahora pretenden que ella argumente a favor de algo en lo que no está de acuerdo, con el pretexto de que al solicitar que se incluyera su voto ponderado no lo llevaba por escrito.

“Pretenden que ponga los fundamentos que ellos, que el presidente dio para la imposición de esta multa, fueron sus fundamentos, querían que fueran plasmados  cuando el acuerdo no venía así, porque me decían ‘sino va con los fundamentos que yo dije pues no tiene sustento,  cómo voy a sustentar eso’, le dije que al igual que lo mío, todos los sustentos que usted ya dio quedan en el acta de la sesión, entonces el acuerdo está cumplido”.

De acuerdo a la comisionada, en su resolutivo ella solo contempló que se diera una capacitación al sujeto obligado, sobre todo en el tratamiento de datos personales y que se diera un término para que se bajaran las imágenes para no vulnerar los datos personales de los menores.

El tema fue incluso retomado por el equipo del candidato de Morena, PT y PVEM  a la alcaldía,  Carlos Torres Piña, quien emitió en días pasados un comunicado que tituló “Comisionada de Transparencia panista sanciona a Alfonso por usar a niños con fines electorales”.

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