Morelia, Michoacán.— El Congreso de Michoacán comenzó a revisar rubro por rubro su presupuesto para ajustar el gasto legislativo, aunque el llamado “Plan B” todavía no obligaría a la actual Legislatura. La ruta, de acuerdo con el diputado Juan Pablo Celis Silva, presidente del Comité de Administración y Control, es dejar una propuesta lista en agosto, antes de la construcción del presupuesto que aplicará para la siguiente Legislatura.
Explicó que el análisis se realiza cada lunes y que la revisión se está trabajando mediante una especie de “semaforización” del gasto: en rojo, los rubros que no se tocarán, como los salarios de trabajadores y personal de base; en amarillo, gastos que podrían reducirse sin afectar el funcionamiento del Congreso; y en verde, aquellos conceptos considerados prescindibles o excesivos.
“Rojo es totalmente nada, no hay que tocar nada, que tiene que ver con los sueldos de los trabajadores, con los empleados de base; ahí no hay nada que hacer”, señaló Celis Silva, al descartar despidos o afectaciones directas al personal laboral del Legislativo.
El ajuste, admitió, tendría que entrar al terreno políticamente más sensible: las prerrogativas de las y los diputados, el número de asesores, convenios, rentas y otros gastos que forman parte de la operación cotidiana del Congreso, pero que podrían revisarse bajo el argumento de austeridad y funcionalidad. “Se tiene que revisar todo, que son las propias prerrogativas de los diputados; se tiene que revisar todo, que son el número de asesores, tal vez sí o sí tenemos que tocar ese tema con los compañeros”, apuntó.
Aunque fue cuestionado sobre si las percepciones y apoyos de los diputados rondan los 400 mil pesos mensuales al considerar todos los conceptos, Celis Silva evitó confirmar una cifra. Dijo no tener un dato preciso a la mano, pero insistió en que la revisión incluirá todos los rubros vinculados al gasto legislativo. “No podría decir un dato preciso. Se va a revisar todo, no solamente el sueldo; se tiene que revisar todo y se hará una propuesta de modo que sea funcional el Congreso”, respondió.
El diputado sostuvo que, aunque legalmente el Plan B no obliga todavía a la actual Legislatura, la intención del Comité es avanzar “por convicción” y no esperar a que la reducción sea exigible para la siguiente etapa legislativa. Sin embargo, reconoció que el documento aún está en construcción y que el avance dependerá de la revisión semanal de cada partida.
La propuesta, dijo, deberá estar concluida en agosto y se elabora de la mano de la Secretaría de Finanzas del Congreso. Hasta ahora, los rubros más claros para posibles ajustes son las prerrogativas de legisladores y asesorías, mientras que el tema de nuevas bases y otros compromisos laborales también será revisado.
