Morelia, Michoacán.— El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, acusó que Morena incurre en un doble discurso al exigir confidencialidad y pruebas en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mientras en Michoacán, dijo, el gobierno estatal ha convertido el caso del exgobernador Silvano Aureoles Conejo en una persecución política y mediática.
El priista sostuvo que, mientras integrantes de Morena cuestionan las acusaciones hechas desde Estados Unidos contra un gobernador en funciones, en Michoacán se ha ventilado públicamente información relacionada con carpetas de investigación contra Aureoles, incluso —afirmó— desde el propio Poder Ejecutivo estatal.
“Hablan de confidencialidad cuando han hecho el caso contra Silvano Aureoles un juicio sumario, en el que han ventilado incluso pruebas que se encuentran en la carpeta de investigación, y no por el fiscal, sino por el mismo titular del Poder Ejecutivo, Alfredo Ramírez Bedolla”, señaló.
Valencia Reyes afirmó que el tratamiento del caso contra el exmandatario michoacano ha sido usado como un “evento público” y como un ataque mediático desde el gobierno estatal. “Lo que han venido haciendo contra Silvano Aureoles ha sido una persecución política, y han hecho de su caso un evento público, un ataque mediático por parte del gobierno del estado en contra del exgobernador”, expresó.
El dirigente priista consideró que las acusaciones contra Rocha Moya exhiben “la hipocresía de Morena” y muestran que, a su juicio, sus liderazgos están “moralmente derrotados”, porque primero dieron por culpable al exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sin esperar el desahogo completo del juicio, y ahora dudan del sistema de justicia de Estados Unidos.
“Cuando imputaron a García Luna no ocuparon pruebas, no ocuparon conocerlas y lo señalaron ya como culpable sin que se hubiera desahogado el juicio”, reprochó.
En ese sentido, cuestionó que ahora se pretenda solicitar información por la vía de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando, dijo, en Estados Unidos sí se respeta la confidencialidad de las pruebas dentro de un proceso judicial.
