Como “jalada” consideró el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar la entrega de los bonos COVID durante la administración municipal pasada, luego de que en días pasados, se resolviera que al menos 18 exfuncionarios municipales deberán reintegrar el recurso público que cobraron en dos ocasiones.
Afirmó que es injustificable que se haya llevado a cabo la entrega de este recurso, toda vez que mientras que en esa administración que encabezó Raúl Morón Orozco y Humberto Arróniz Reyes no daban las condiciones de salud idóneas a sus trabajadores, los altos mandos se entregaban cantidades que superaban los 300 mil pesos por “trabajar”, durante esa temporada.
“Sí, algo supe no tengo bien el dato, pero nosotros lo señalamos desde antes de que tomáramos protesta o desde antes del proceso electoral anterior, que el bono COVID fue una jalada de la administración anterior, porque recordemos es que esas cosas no se pueden olvidar a los trabajadores, no les daban ni cubrebocas, ni gel antibacterial, a los trabajadores no los dejaban trabajar desde casa”, comentó.
Recordó que Morena era el partido político que estaba al frente de esa administración, por lo que la entrega de estos bonos, no va con los principios que enarbola e indicó que espera que en breve, se pueda regresar el recurso que fue erogado para dicho fin, mismo que es poco más de tres millones de pesos.
Para finalizar, mencionó que estarán pendiente del caso, el cual había sido señalado por su parte desde antes del proceso electoral que se llevó a cabo en el 2021, por lo que reiteró que es fundamental que se entregue este recurso el cual no estaba etiquetado y que se entregó a un total de 25 trabajadores de la administración municipal 2018-2021.
Fue la contralora municipal, María del Carmen López Herrejón quien anunció que 18 de 25 exfuncionarios municipales fueron sancionados con el reintegro de los bonos que se cobraron a finales del 2020 y principios del 2021, que ascendían a 180 mil y 280 mil pesos respectivamente por funcionario.
Cabe mencionar que además de regresar el dinero, también los ex servidores públicos podrían enfrentarse a una inhabilitación de hasta un año para ocupar cargos públicos.
