Aunque Michoacán fue ubicado como una de las entidades con menor nivel de impunidad penal institucional en la Radiografía de la Impunidad 2024, autoridades estatales reconocieron que los resultados no pueden leerse como un logro cerrado, sino como un diagnóstico que evidencia avances, pero también pendientes en la procuración e impartición de justicia.
Durante el encuentro Justicia con Resultados, el fiscal general Carlos Torres Piña sostuvo que la medición obliga a revisar todo el sistema penal y no sólo el trabajo de una institución. Advirtió que la impunidad puede generarse en distintos momentos: desde una denuncia que no se atiende, una carpeta que no avanza, una investigación mal integrada, un caso que no resiste control judicial o una salida alterna que no repara el daño.
“La justicia no puede medirse únicamente por el número de carpetas iniciadas, por el número de detenciones realizadas o por la cantidad de asuntos que ingresan a la institución”, señaló.
Torres Piña indicó que Michoacán aparece con un nivel de impunidad penal institucional de 67.88 por ciento, frente a una media nacional superior; sin embargo, precisó que el dato corresponde al periodo 2023-2024 y que debe verse como una hoja de ruta. Entre los pendientes mencionó fortalecer la investigación, reducir el archivo temporal, revisar el uso del no ejercicio de la acción penal, mejorar la judicialización y disminuir rezagos.
También informó que los casos de no ejercicio de la acción penal pasaron de alrededor de 9 mil 700 en el periodo previo, a 590 entre junio de 2025 y 2026, mientras que los archivos temporales bajaron de 17 mil 872 a 17 mil 542, una reducción que atribuyó a una política de revisión de carpetas.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla defendió que los resultados son producto de la coordinación entre el Ejecutivo, la Fiscalía, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, aunque sostuvo que el reto sigue siendo que las instituciones funcionen para la ciudadanía y no para los funcionarios. Señaló que se han fortalecido las capacidades de investigación y judicialización, con más cateos, vinculaciones a proceso y sentencias. “En Michoacán lo decimos con firmeza: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nada”, expresó.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial del estado, Hugo Gama Coria afirmó que los indicadores deben servir para evaluar de frente el desempeño institucional, no sólo para presumir cifras.
De acuerdo con los datos que presentó, los cuadernos iniciados con personas detenidas aumentaron 136 por ciento, las solicitudes de cateo crecieron 24 por ciento, la calificación de legal detención registró un incremento de 180 por ciento y las vinculaciones a proceso aumentaron 28 por ciento. “No los consultamos por los resultados, los consultamos porque son el espejo que toda institución necesita”, afirmó.
Gama Coria también reportó que el 93 por ciento de las solicitudes de cateo son concedidas y que el 90 por ciento de las personas puestas a disposición de juezas y jueces son vinculadas a proceso. No obstante, sostuvo que las cifras deben traducirse en una justicia más cercana, transparente y humana, especialmente en temas como protección de niñas, niños y adolescentes, profesionalización judicial y reducción de tiempos de respuesta.
