Con la abstención de diputados del PRI, PAN, PRD y Encuentro Solidario, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Michoacán acordó mantener a Marco Antonio Pantoja Bravo Pantoja, compadre del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al frente de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), pero ahora en calidad de interino, pese a que la juez Cuarto de Distrito, Katia Orozco Alfaro mandató revocar su designación.
En sesión privada, coordinadores de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y la Representación Parlamentaria coincidieron en que, para acatar la orden de la representante del Poder Judicial Federal, es suficiente dejar sin efecto la toma de protesta del funcionario.
El coordinador de la Representación, Marco Polo Aguirre Chávez aseguró que el mandato es dejar sin efectos el decreto 461, al afirmar que se refiere la toma de protesta de Pantoja Bravo como nuevo auditor y eso es lo que quedaría sin efectos.
“Nada más trae la toma de protesta y dice ´notifíquese y tome protesta”, es que lo único que nos pide el juzgado es que se deje todo como estaba, que para lo que estábamos facultados era llegar hasta la votación, pero no llegar hasta la toma de protesta, y entonces nos queda claro que el auditor se puede quedar como auditor interino hasta que no se resuelva de fondo para no lesionar ahora los derechos de Marco Bravo y no lesionar de que si resulta en el tema de fondo el tema de que tenga razón el auditor Miguel Ángel Aguirre”.
Sin embargo, el Congreso del estado fue notificado a las 9:25 horas de este 5 de diciembre de la resolución de la titular del Juzgado Cuarto de Distrito, que le otorgó 24 horas para acatar su resolución y dejar sin efecto dicho decreto que establece como artículo único: “se elige al ciudadano Marco Antonio Bravo Pantoja como Auditor Superior del estado, por un periodo de 7 años”.
“Pero yo me remito al cuerpo del dictamen y en el cuerpo del dictamen dice claramente que quede en el estatus de la toma de protesta, lo que nosotros nos excedimos es la toma de protesta y nosotros creemos que la razón jurídica la tenemos nosotros y la vamos a defender”.
Para dar cumplimiento, Aguirre Chávez explicó que “hicieron caso a la asesoría jurídica del Congreso” y ante la imposibilidad de seguir el procedimiento que se requiere para sacar un dictamen en el plazo que fijó la juez, determinaron resolverlo vía un acuerdo de la JUCOPO, por un tema de urgencia.
“La verdad es que lo analizamos y tenemos 24 horas, cómo tendríamos que mandarlo al pleno, la diputada tendría que dar a conocer la notificación, la tendría que enviar a comisiones de la Inspectora, la Inspectora tendría que hacer un dictamen y en el dictamen tendríamos que hacer una sesión y ustedes conocen que los dictámenes ocupan 24 horas para que publicidad, entonces calculamos que se ocupaban 48 horas y ellos marcan 24, y la ley nos faculta a que en cuestiones de urgencia poder tomar decisiones”.
El legislador aclaró no obstante que si la juez les otorga después un plazo mayor, podrían llevar el tema al pleno, mientras que “en el cuerpo de la sentencia” la juez acepta que Marco Bravo puede quedar como Auditor Interino “y solo pide revocar la toma protesta”.
Además, aseguró que “deberá aparecer la renuncia” de Marco Bravo Pantoja al cargo que ocupaba como Auditor Superior de Normatividad y debió presentarla tras ser designado como Auditor Superior.