Morelia, Michoacán.— A poco más de un mes de que el Congreso del estado aprobó la renuncia de Carlos Torres Piña como fiscal general de Michoacán, este martes se dará lectura a la iniciativa con carácter de dictamen que contempla la emisión de una convocatoria pública para designar a su sucesor, con un periodo de apenas cinco días para el registro de aspirantes, del 9 al 13 de noviembre.
La propuesta, elaborada por la Comisión de Justicia, establece que las personas interesadas deberán presentar su documentación en las oficinas de dicha comisión, ubicadas en el Palacio Legislativo, de 9:00 a 15:00 horas. Entre los requisitos se encuentran tener al menos 35 años de edad, acreditar residencia mínima de tres años en Michoacán, contar con título profesional de licenciatura en Derecho y demostrar diez años de ejercicio profesional, además de gozar de buena reputación y no tener sentencia por delito doloso.
Las personas aspirantes también deberán entregar un ensayo de tres cuartillas en el que justifiquen los motivos de su postulación y someterse a comparecencias ante la Comisión de Justicia, donde expondrán su proyecto de trabajo y serán evaluadas respecto de sus conocimientos, habilidades y aptitudes. Las entrevistas podrán desarrollarse de manera presencial o virtual, según lo determine la comisión.
Una vez concluidas las evaluaciones, la Comisión de Justicia propondrá una lista de diez aspirantes que deberá ser aprobada por el Pleno del Congreso y enviada al gobernador del estado, quien contará con un plazo máximo de diez días para integrar una terna.
De esta última, las y los diputados elegirán a quien ocupará la Fiscalía General mediante el voto de las dos terceras partes de los asistentes, conforme al procedimiento constitucional. La propuesta contempla observar criterios de paridad de género e inclusión de personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados.
Está convocatoria se emite para sustituir a Carlos Torres Piña quien fue designado fiscal por un periodo de nueve años mediante decreto del 27 de julio de 2025, pero presentó su renuncia el 18 de septiembre de 2026, que fue aprobada por el Congreso el 1 de octubre. Aunque el artículo 102 de la Constitución estatal contempla emitir la convocatoria 90 días antes de concluir el encargo, la Comisión de Justicia argumentó en el dictamen que, ante una renuncia anticipada, debe publicarse de inmediato.
