La regidora de Epitacio Huerta, Patricia Pérez Morales, promovió una excitativa de justicia ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) para presionar una resolución pendiente dentro del juicio TEEM-JDC-233/2025. El recurso fue dirigido contra la actuación del magistrado instructor Eric López Villaseñor, al considerar que el asunto no ha sido resuelto con la rapidez debida. Hasta ahora, en el documento presentado no aparece todavía una respuesta final del tribunal.
La promoción fue presentada ante el propio Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y busca que el caso avance, luego de que la regidora acusó que sigue sin cumplirse una sentencia relacionada con la entrega de información por parte de autoridades del Ayuntamiento de Epitacio Huerta desde noviembre del 2025.
Aunque el conflicto original es con funcionarios municipales, esta nueva acción ya no va contra ellos directamente, sino contra la tardanza del tribunal para resolver el incidente abierto por ese incumplimiento.
En el escrito, Patricia Pérez Morales deja claro que además del incidente por incumplimiento, presentó también la excitativa de justicia para que el expediente no siga detenido. Esa figura legal, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Justicia en materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, sirve para pedir que las magistraturas dicten una resolución cuando ya pasó tiempo sin que haya respuesta.
El propio reglamento del TEEM establece que, cuando se presenta una excitativa, la presidencia del tribunal debe pedir un informe al magistrado señalado y después el Pleno decide si procede o no. Es decir, el señalamiento de la regidora recae en el magistrado instructor Eric López Villaseñor, pero el órgano que debe resolver finalmente es el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.
El fondo del caso tiene que ver con información sobre juicios laborales del Ayuntamiento de Epitacio Huerta. La regidora sostiene que esa documentación sigue incompleta, a pesar de que ya existía una sentencia previa del tribunal y otras determinaciones posteriores para obligar a su entrega. Según su escrito, lo que han entregado las autoridades municipales no permite conocer con precisión cuántos asuntos laborales enfrenta el ayuntamiento, cuánto se debe, cuánto se ha pagado y qué riesgos financieros siguen abiertos para el municipio.
Pérez Morales recuerda además que el tribunal ya había emitido una resolución incidental el 9 de febrero de 2026, en la que declaró el incumplimiento, y más tarde un acuerdo plenario el 24 de marzo de 2026 para volver a requerir a las autoridades responsables. Sin embargo, asegura que el problema persiste y por eso decidió dar un paso más y llevar la presión también al terreno judicial.
Entre las omisiones que denuncia están la falta de datos completos sobre las personas involucradas en los juicios, resoluciones o laudos, montos condenados, pagos hechos y adeudos pendientes. A su juicio, eso le impide ejercer plenamente su función como regidora, porque no cuenta con los elementos necesarios para revisar el impacto real de esos litigios en las finanzas municipales.
