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Deudores alimentarios no podrán ser candidatos o servidores públicos en Michoacán

Deudores alimentarios y violentadores de mujeres con sentencia judicial firme no podrán ser candidatos ni ser nombrados trabajadores o titulares de dependencias o funcionarios de la administración pública del estado, en el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado ni dependencias de la administración pública, luego de que el Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad la reforma a 13 leyes y dos Códigos del estado.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con un llamado a no hacer modificaciones, sin embargo, en el dictamen se incluyeron 4 propuestas que se hicieron en los últimos 3 años, con lo que la coordinadora parlamentaria de Morena, Fabiola Alanís Sámano consideró que se “enriqueció” el documento.

Las diputadas Vanessa Caratachea Sáchez (PAN), Sandra Olimpia Esquivel Garibay Esquivel (Morena) y Belinda Hurtado Marín (Representación Parlamentaria), pidieron respeto para las comisiones, al denunciar que por de nueva cuenta la iniciativa se envió directo a comisiones y no se permitió que se conociera con antelación para dar un voto informado.

En las reformas, se estableció la restricción a los deudores alimentarios morosos a obtener licencias, concesiones o permisos como transportista; además de que los deudores deberán anotarse en el registro público de la propiedad,  en la dirección registral y catastral del estado.

También se aprobaron reformas al Código Penal del estado, para establecer prisión de 3 a 5 años, así como hasta 400 días de multa, a quien incumplan con su obligación alimentaria, así como

De igual forma, deberá informarse a los contribuyentes, si alguno de ellos es deudor alimentario o violentador de una mujer, mientras que perderán derechos como la patria potestad, tutela o custodia frente al acreedor o acreedores alimentistas.

La problemática de deudores alimentarios se considera grave en Michoacán, donde de cada 10 divorcios 5 mujeres no reciben pensión, ni tampoco 3 de cada 4 hijos de padres separados, mientras el 60.4% de las madres autónomas enfrenta la evasión de las obligaciones de sus exparejas.

Tras 12 diputadas en tribuna, la legislación fue aprobada por unanimidad de los 28 legisladores y legisladoras presentes.

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