Morelia, Michoacán.- Nuestros derechos sexuales y reproductivos no son botín político, fue el mensaje que emitió a la clase política michoacana un grupo de organizaciones feministas, en la segunda manifestación que se llevó a cabo este 28 de septiembre en Morelia, con motivo del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto.
Con un gran “pañuelo” formado por pañuelos verdes colgado sobre la lámina que cubre la puerta de Palacio de Gobierno del estado, integrantes de la Asamblea de Mujeres Michoacán, Red Asaleas, Redefine Michoacán, Amnistía Internacional Michoacán, Colectiva Feminista Mapas e Histórikas Histérikas, firmaron un pronunciamiento en el que acusaron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y a su partido Morena, de pretender instrumentalizar su lucha.
Además, le señalaron que los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar no son una “dádiva”, al referirse al denominado “Plan Morelos”, un paquete de iniciativas que anunció y entre las que está la relativa a la despenalización del aborto.
“Nuestros derechos sexuales y reproductivos no son una dádiva del gobernador: las mujeres, que hemos luchado por el aborto libre y seguro en Michoacán, nunca hemos necesitado de la aprobacion del Ejecutivo, que él, las instituciones y su partido decidan colgarse del tema para fines políticos, cuando ya les resulta conveniente, sólo demuestra que los derechos humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar se instrumentalizan”.
Además, cuestionaron a la saliente LXXV Legislatura por no haber hecho avanzar más de siete iniciativas presentadas o cabildeadas para la despenalización del aborto, aun cuando la mayoría de las curules locales eran ocupadas por mujeres, y el partido mayoritario era el mismo del gobernador, por lo que les recriminaron “falta de voluntad” en el tema.
Le cuestionaron también a los diputados locales ser corresponsables de la violencia simbólica, que se debería erradicar, y que, en cambio, se permitiría y promovería en los discursos “misóginos” que, dijeron, han sido pronunciados en el recinto legislativo.
A las LXXVI Legislatura le exigieron que cumpla con su obligación de armonizar las normas internas, conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a criterios como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la despenalización del aborto en todos los supuestos, incluyendo el voluntario.
También, regular la objeción de consciencia para beneficio de los derechos de las mujeres que quieren interrumpir un embarazo y de los propios objetores, así como asignar presupuesto público a programas dirigidos a promover la desestigmatización del aborto, entre otras acciones, por lo que les advirtieron que los vigilarán en el desempeño de sus funciones.
De acuerdo con las cifras presentadas, de 2019 a 2024 las organizaciones civiles locales han acompañado 2 mil 285 interrupciones del embarazo, que, sumadas a las 590 realizadas en la Ciudad de México, donde el aborto es legal, y las 411 del registro de la organización Fondo María, dan un total de 3 mil 686 personas en Michoacán que abortaron “sin la protección y garantía” de las administraciones del exgobernador Silvano Aureoles Conejo y el mandatario actual.
