La problemática de inseguridad alcanzó también a los Defensores Públicos de Michoacán, para quienes las amenazas “son el pan nuestro de cada día”, de acuerdo al director del Instituto de la Defensoría Pública, Felipe Morales Correa, quien informó que al menos 4 abogados tienen resguardo de seguridad, ante el riesgo que enfrentan en su trabajo.
En conferencia de prensa, señaló que el peligro es mayor para quienes representan a presuntos responsables de delitos de alto impacto, cuando relevan a sus defensores particulares de manera sorpresiva y deben conocer de las carpetas de investigación en algunas horas, por lo que el juez los critica por no estar capacitados.
“Los delitos de alto impacto llegan a agobiar a los abogados por los temas de amenazas, de malas praxis en juicio, incluso ha habido compañeras, compañeros que se han visto aludidos en un tema de desacreditación de manera oscura, para que estas gentes sigan haciendo de las suyas.”
Morales Correa, señaló que la gravedad de las amenazas llevó a una defensora a solicitar asilo a la Unión Americana.
“Lamentablemente, tenemos el caso de una compañera que se ha autoexilió a Estados Unidos, que pidió asilo político a Estados Unidos por temas de amenazas. De Tierra Caliente”.
Aseguró que la eficiencia de los defensores públicos es alta, ya que se calcula que ganan 8 de cada 10 asuntos, de los cuales, el 60% corresponde a presuntos implicados en denominados delitos de alto impacto.
Denunció que “malas prácticas” de la Fiscalía Estatal ha puesto en riesgo a los defensores, ya que han detectado “coyotes” que engañan a los detenidos, al pedirles una cantidad de dinero a cambio de su libertad, pero les comprometen que la conseguirán a través del defensor público.
Por ello, señaló también que la corrupción es uno de los problemas más recurrentes a los que se enfrentan estos abogados.
“Luego por malas praxis en Fiscalía, gente sin escrúpulos nos ponen en riesgo a compañeras y compañeros. (…) Tema que gente que está infiltrada ahí, de coyotaje (…). Muchas de las veces detienen a las personas y les empiezan a pedir dinero. Tuvimos un caso de decirle ‘ya te tengo aquí, necesito 100 mil pesos y te sacó rápidamente para darle la instrucción al defensor público’, así se lo manifiestan”.
Reconoció también que al menos 2 defensores están sujetos a proceso legal, entre ellos, uno que “se hizo campaña” el PRD y se llevó las computadoras, por lo que está abierto el proceso en su contra.
