Propietarios y ejidatarios del Cerro del Águila, manifestaron su inconformidad con la declaratoria de Área Natural Protegida, que firmó este jueves en el lugar, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Tras la oficialización del documento con lo que se considerarían protegidas 5 mil 128 hectáreas de esa zona de Morelia, el grupo de hombres irrumpió en el acto protocolario para hacer patente su molestia.
“La lista de asistencia la tomaron como si estuviéramos de acuerdo, fue un fraude y un engaño” expusieron, al señalar que en reunión previa manifestaron su desacuerdo.
Said Madrigal Pineda, se presentó ante los asistentes como propietario del Cerro del Águila, y aseguró que nunca fueron consultados, por lo que consideró que no se puede firmar algo en lo que sus legítimos dueños no están de acuerdo.
“La información que maquillaron, la lista de asistencia la hicieron valer como si fuera una lista de acuerdo de los propietarios y ejidatarios, señores, fue un fraude y no estamos de acuerdo, solicitamos con el gobernador muchas audiencias, siempre nos lo negaron, señor gobernador siempre nos lo escondieron, nos lo negaron. Es que no pueden firmar algo en lo que no estamos de acuerdo, profesor”.
En el lugar fueron atendidos por el subsecretario de Enlace Legislativo, Humberto Urquiza Marín, ante quien insistieron en la preocupación que los embarga ante la situación en que se encuentra su patrimonio.
“La bronca es que los meten en programas y el día que se vaya el gobierno no hay lana para los programas, están tratando de engañar a los ejidatarios, no se vale. “
El funcionario les compartió el compromiso del gobernador para escucharlos al término del evento, por lo que lo abordaron de manera directa, pero en respuesta Ramírez Bedolla sólo les pidió enviar su solicitud para darle trámite y abordó su vehículo.
En entrevista previa, el secretario estatal de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López explicó que la consulta pública en el Cerro del Águila fue del 16 de marzo al 16 de abril, donde inicialmente el polígono protegido sería de alrededor de 3 mil hectáreas pero decidieron ampliarlo, tras la manifestación de algunos grupos, por lo que la declaratoria es equivalente al 3% del territorio estatal.
El funcionario informó que en esta zona hay algunas viviendas y áreas de cultivo, a las que no se afectará, ya que el decreto solo impide que se urbanice o se convierta en huertas de aguacate.
Descartó que se pretendiera expropiar el terreno, y aseguró que incluso como zona de cultivo, sigue cumpliendo con los servicios ambientales.
