En materia de fiscalización, Michoacán significará este año un caso aparte al del resto del país, no sólo por la dificultad que de facto implica hablar de la revisión de la correcta aplicación de los recursos públicos, sino por las condiciones de inseguridad de algunas zonas del estado que limitan el trabajo de los órganos responsables y los cuidados que implicará la pandemia por el COVID-19.
De acuerdo al auditor Superior del estado, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda debido a la inseguridad y el alto riesgo de contagio de Coronavirus, en 2020 no se realizará trabajo de campo en al menos 11 municipios del estado, donde la fiscalización de la cuenta pública de los ayuntamientos correspondiente al 2019 se limitará a la investigación documental.
De hecho, el personal de esos gobiernos municipales deberá trasladar la documentación comprobatoria a Morelia, como si estuvieran los auditores en el municipio, y de esa manera se conocerá la situación del ejercicio presupuestal de cada lugar.
En las mismas condiciones, la Auditoría Superior tendrá que cumplir con el plan de fiscalización aprobado por el pleno legislativo para el resto de la administración pública estatal.
El reto será enorme, y para muestra algunos de los hallazgos que hizo la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) a la cuenta pública 2018 y que dan cuenta del largo camino que falta por recorrer en este tema.
De inicio, en el informe elaborado por la ASM, se precisa que ningún poder, órgano autónomo o paraestatal entregó el 100% de información requerida.
Entre los incumplidos, se contabiliza el Poder Legislativo, que justificó su situación con el argumento de que “la revisión del informe general seguía en proceso”.
En el caso de la Secretaría de Finanzas, del análisis a la Balanza de Comprobación, se identificó que cambió su Sistema de Contabilidad a mitad del Ejercicio Fiscal 2018.
De enero a junio utilizó el SIGES “Sistema de Gestión” y de julio a diciembre el SAP “Systems, Applications, Products in Data Processing”; situación que trajo como consecuencia que la información generada por ambos sistemas no fuera compatible y tuviera deficiencias.
A la Secretaría del Migrante se le observó la falta de apoyo económico a las Federaciones de Clubes Michoacanos para la celebración de eventos culturales en los Estados Unidos de América. De acuerdo al informe no se logró acreditar la entrega de 794 mil pesos a las agrupaciones de connacionales, a pesar de que se tienen documentos en los que se precisa que los recursos sí fueron ejercidos por la dependencia.
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la observación del órgano fiscalizador se centró en el programa “Beca Futuro”, donde se puntualizó lo siguiente:
- a) El Padrón de Beneficiarios fue proporcionado incompleto, por lo que no se pudo validar la correcta aplicación del recurso, toda vez que no se identificó a quienes recibieron los apoyos.
- b) Se hicieron transferencias de recursos a Organizaciones Civiles para que a su vez otorgaran el apoyo a sus beneficiarios en efectivo; situación no considerada en las Reglas de Operación del
- c) Únicamente fue otorgado un pago de Beca futuro por lo que no se cumplió con la normatividad.
Al no contar con el Padrón de Beneficiarios, no se identifica a la persona que recibió el apoyo, y no se puede constatar si se cumplió con la población objetivo, cobertura, requisitos y criterios de elegibilidad de beneficiarios, menuda dificultad cuando dicha estrategia dejó de operarse precisamente el año pasado debido a la falta de recursos.
De los trabajos de revisión y fiscalización a la Cuenta Pública Estatal 2018, se ha determinado un total de 60 Informes de Presuntas Irregularidades y 72 Recomendaciones, todavía sujetas a comprobación de las instancias señaladas.
Los resultados se lograron a partir de las revisiones en campo y de documentos a cargo de la Auditoría Superior de Michoacán, que ahora corre el riesgo de realizar un trabajo más sesgado ante las limitaciones que deberán implementarse debido a la pandemia por el SARS-CoV 2 y la violencia.
Urge que los órganos fiscalizadores diseñen o implementen mecanismos que permitan realizar los procesos de revisión a distancia, de tal manera que factores externos no sean utilizados para fomentar la opacidad y la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.
¿o usted qué opina querido lector?
