En agosto de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador daba a conocer los nombres de los integrantes de su gabinete, la designación de Lázaro Cárdenas Batel como su jefe de asesores tuvo en el caso de Michoacán una significación particular.
Es claro que el nombramiento de Lázaro no obedeció a méritos propios sino al apellido, tal como ocurrió con su nominación a diferentes cargos de elección popular, cuando el apellido Cárdenas borraba de la carrera interna del PRD a cualquier otro perfil con mayores méritos políticos que los del hijo mayor de Cuauhtémoc.
En 2001 me tocó cubrir para Cambio de Michoacán la campaña de Lázaro Cárdenas por la gubernatura del estado, recuerdo que mi impresión de entonces es que se trataba de un buen tipo al que le hubiera gustado dedicarse a la música más que a la política, pero que el apellido pesaba tanto que le resultaba imposible contravenirlo para definir su propia existencia.
Recuerdo también como a lo largo de su mandato era frecuente escuchar cómo los “cohupos”, “transas” y decisiones equivocadas eran de sus funcionarios y no de él, “Lázaro no se entera”, era el comentario común entre quienes para defenderlo pintaban una especie de Gutierritos al frente de la administración pública estatal.
Con el paso de los años, y frente a los grandes escándalos de corrupción que se gestaron en Michoacán durante la administración que encabezó, resulta imposible creer desconocimiento, inocencia y distancia de quien tenía en sus manos la responsabilidad de conducir el Gobierno Estatal.
Los tres grandes pilares de la corrupción de este siglo en Michoacán, se gestaron en la administración lazarista: la construcción de la Presa Francisco J, Múgica, la llamada licuadora financiera, y la –aún inconclusa- edificación del Teatro Mariano Matamoros en Morelia.
La inclusión del hijo mayor de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dentro del gabinete federal en 2018 fue el espaldarazo del por muchos años nombrado líder moral del PRD a la administración de López Obrador.
Para el 2018 continuaba el destape de los múltiples casos de corrupción en América Latina al amparo de la firma brasileña Odebrecht, que en Michoacán tuvo también presencia a partir del mandato de Cárdenas Batel. “Lázaro se está protegiendo por el caso Odebrecht” recuerdo haber escuchado en alguna charla suelta.
Con la extradición de España a México de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, el caso Odebrecht vuelve a estar en las marquesinas mexicanas anunciando el destape de nombres de políticos mexicanos vinculados en actos de corrupción. Se ha dejado sentir también que serán priistas, panistas y algunos perredistas renombrados los que salgan a relucir por prestarse a sobornos para la consumación de la reforma energética.
En todo ese marasmo el caso de Odebrecht operando en Michoacán no se ha mencionado, pues aunque forma parte de la harina del mismo costal, el haber sido destinada para otros guisos pone el asunto fuera del radar nacional del momento.
Pero Ordebrech fue y ha sido una realidad en Michoacán a la que hasta el momento ninguna autoridad estatal le ha querido entrar para establecer responsabilidades y sancionar a quienes incurrieron en quebranto a las finanzas públicas.
Recientemente hubo un intento por parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para que el tema fuera investigado. Los integrantes del Comité recopilaron documentos para robustecer su denuncia que, finalmente fue desdeñada por la Fiscalía Estatal Anticorrupción bajo el argumento de que el plazo para investigar el asunto ya habían expirado.
La administración encabezada por Lázaro Cárdenas Batel daría vida en 2006 a la Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente. Su función se enfocó específicamente a los trabajos para la construcción de la presa. En noviembre de ese año el gobierno estatal firmó el Contrato de Obra Pública número CEAC/NE/LP/001/06 con la Constructora Norberto Odebrecht S.A.; el acuerdo fue signado por Jesús Vallejo Esquivel con carácter de coordinador general, y por la empresa Fernando Antonio Costa Martins y José Vito Facciolla Junior, quienes eran representantes legales.
La manera en que Odebrecht pudo operar libremente en Michoacán durante las administraciones de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy quedó claramente expuesto cuando en 2018 la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo públicos documentos de las transacciones y operaciones de la firma brasileña en México.
En el caso de Michoacán, la información fue sistematizada por el periodista Raúl Olmos quien en octubre de 2018 daría cuenta de una investigación de la Policía del Principado de Andorra en la que se da cuenta cómo Odebrecht utilizó la Banca Privada de Andorra (BPA) “para transferir sobornos a políticos de América Latina, y en la relación de pagos la Policía de aquella nación europea descubrió una cuenta a nombre de Víctor Guerra Reyes, quien durante los gobiernos de Cárdenas Batel y Godoy fue el funcionario responsable de la construcción de la presa Francisco J. Mújica en la región de Tierra Caliente”.
La investigación de Olmos consigna que la cuenta del funcionario michoacano recibió dinero de Klienfeld Services, una de las empresas offshore que utilizaba el departamento de sobornos de Odebrecht para ocultar pagos ilegales a políticos y funcionarios de Latinoamérica, según consta en los expedientes de la Policía de Andorra obtenidos por la red internacional de periodistas ‘Investiga Lava Jato’, de la que forma parte Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“En el contrato de apertura de la cuenta en el banco de Andorra, realizada el 28 de abril de 2008 –cuando estaba en construcción la presa en Michoacán- el entonces funcionario estatal declaró que estaba previsto que recibiera transferencias de Estados Unidos y/o Brasil de dos a tres veces al año, por un importe de 100 mil a 150 mil dólares, de acuerdo con el documento del que MCCI tiene copia. El saldo previsto inicial anotado por el propio Guerra Reyes era de 150 mil dólares.
“Esa no fue la única transferencia ligada con la presa de Michoacán. En febrero de 2010, el departamento de sobornos de Odebrecht reportó otros dos pagos por 383 mil dólares vinculados con la misma obra, aunque en este caso no se precisó el nombre del beneficiario. Las menciones de Michoacán aparecen en la llamada «Operación Pernambuco», enfocada a descubrir las transacciones irregulares de Odebrecht en Andorra”.
La posibilidad de que alguna rendija de las abiertas sobre las operaciones de Odebrecht vía Emilio Lozoya pueda arrojar alguna hebra hacia Michoacán se observa difícil por tener caminos distintos, ya que fueron muchos y variados los lazos de corrupción tejidos por la firma.
De esta manera el caso de corrupción en la Presa Francisco J. Múgica y los vínculos de Odebrecht en el estado, previsiblemente permanecerá archivado en Michoacán como hasta ahora.
Así las cosas.
