“Hombres que cometieron crímenes graves siguen siendo importantes en la sociedad, caminan por la calle y ocupan cargos importantes, en vez de pasar su vida en la cárcel”. Mihai Eminescu. (1850 – 1889). Poeta y periodista rumano.
Michoacán es el paraíso de los corruptos. El cúmulo de sospechas por presuntos desvíos de recursos brotan desde prácticamente cualquier rincón. Cotidianamente la Auditoría Federal señala cantidades millonarias a la entidad por dinero que no aparece, no está debidamente justificado, se contrataron servicios o compraron productos a precios extraordinariamente caros y un largo etcétera.
En cuando menos los últimos 4 lustros, sospechas y señalamientos así, han sido una constante. Lo terrible y vergonzoso es que semejantes “observaciones” han quedado solamente en llamaradas de petate y claro, en una frustración de los ciudadanos que ven pasar autoridades de todos los niveles y colores con promesas de transparencia y rendición de cuentas, y luego, no hacen absolutamente nada.
Todo esto viene a colación porque el Comité Ciudadano Anticorrupción denunció en noviembre pasado a un ex funcionario estatal que habría recibido recursos como presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, cuando se encontraba a cargo de la construcción de la presa Francisco J. Múgica entre 2008 y 2012. El entonces funcionario estatal que ya había sido evidenciado como presunto responsable en una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, es Víctor Guerra Reyes.
Aportaron 62 elementos como indicios a la Fiscalía Anticorrupción, donde destaca el número de cuenta de la banca privada de Andorra, a la que se hizo cuando menos un traspaso por 50 mil dólares en 2008, la operación fue realizada por la empresa Klienfeld Services, que, según la documentación, era utilizada por Odebrecht para el pago de sobornos. Ya Mexicanos Contra la Corrupción había señalado lo anterior y advertido que de acuerdo con el “departamento de sobornos de Odebrecht” se reportaron otros pagos por 283 mil dólares vinculados a la misma obra, pero en este caso, no se precisó el nombre del beneficiario.
Tras más de 6 meses de análisis, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Michoacán, determinó no ejercer acción penal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, porque transcurrió “en exceso el término para denunciar”, además, porque la denuncia no fue presentada por el gobierno de Michoacán, víctima directa del presunto delito.
Lamentable por todos lados. Ahora resulta que organismos creados ex profeso para intentar contener la corrupción y procurar la rendición de cuentas desde la ciudadanía, no representan a la parte afectada, por lo tanto, los únicos que pueden intentar hacer algo, son los políticos en el poder, que como sabemos, se cuidan unos a otros, independientemente del color partidista. En los hechos negocian, pactan, evitan pisar colas para que no les pisen la suya.
Menuda decepción cuando en otras partes del mundo donde participó Odebrecht en la ejecución de obras públicas, se investigó a fondo, se documentó y ya hay sanciones ejemplares. En México y en Michoacán, absolutamente nada.
¿Tendrá algo que ver que actualmente gobierna Morena el país y personajes que estuvieron directamente vinculados a la construcción de la presa J. Múgica, son ahora integrantes de dicho partido político?
Me refiero a Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, quienes deben celebrar cotidianamente la incapacidad institucional y ciudadana para cobrarles las facturas, deben celebrar la opacidad y corrupción que prevalecen en Michoacán. Recuerde usted que son responsables directos de la enorme deuda que padece Michoacán y de un cúmulo de sospechas de presuntos malos manejos del dinero público, donde indudablemente destaca el uso de “La Licuadora” en la secretaría de Finanzas y por supuesto, el todavía en construcción, teatro Matamoros, que debió inaugurarse en noviembre de 2010.
Debo confesar que ilusamente pensé que ante las disputas de Silvano Aureoles con varios ex perredistas ahora vestidos de Morena, incluido el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, tendría ánimo de investigar, trasparentar y procurar la rendición de cuentas, aunque fuera para legitimarse un poco, pero no fue así.
En el caso Odebrecht, la presidenta del Comité Ciudadano Anticorrupción, Elvia Higuera Pérez, consideró que el responsable de permitir que el delito prescribiera fue el propio gobierno estatal, que no acudió en tiempo a presentar la denuncia.
Reitero, en materia de rendición de cuentas, Michoacán es vergonzoso. Recordará usted que también cacarearon Ejecutivo y Legislativo una “Auditoría Forense” para llegar hasta las últimas consecuencias de las sospechas de corrupción de las pasadas administraciones estatales y resulta, que pese a las observaciones que arrojó, finalmente no hicieron nada, tal como en su momento lo anticipé.
Ni hablar, todos aquellos involucrados en la construcción de la presa J. Múgica, de los gobiernos que encabezaron Cárdenas Batel y Godoy Rangel, seguirán disfrutando y celebrando la tibieza, incapacidad y hasta complicidad de las instituciones que deberían procurar justicia.
Vale recordar que para dicha presa se presupuestaron inicialmente unos 1 mil 500 millones de pesos y al final se pagaron casi 3 mil millones, pese a que los contratos se firmaron bajo la modalidad “precio alzado y llave en mano”, para comprometer que no se incrementaría el costo de la obra.
Para colmo, el Comité Ciudadano Anticorrupción está imposibilitado para apelar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que, a lo más, si quieren insistir en el caso Odebrecht, tendrán que buscar elementos para configurar un nuevo delito.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
