En tiempos de contingencia sanitaria como el que vivimos debido a la pandemia por Covid-19, uno de los elementos fundamentales que se exigen al ámbito de la salud pública es la transparencia, porque es ahí donde radica la posibilidad de credibilidad y confianza en las acciones y medidas que se toman, más allá de las limitaciones prácticas que éstas puedan tener.
Es la información clara y el conocimiento sobre lo que acontece, lo que acota los ámbitos de la creencia personal, pues ésta última ha evidenciado su carácter nocivo y anulatorio del actuar responsable que hoy más que nunca precisamos tener los unos frente a los otros.
En redes sociales somos testigos de cómo las mareas del “yo creo” se vuelven norma del actuar personal, y no encuentran contrapeso en informaciones fiables que abonen al conocimiento para un hacer responsable.
El problema de la falta de transparencia no es un asunto menor en momentos como el que vivimos, pues es fuente de dudas, especulación y toma de decisiones fallidas que dejarán como saldo la perdida de vida de miles de personas.
Es justo la falta de certeza y claridad, lo que ha derivado en penosos capítulos de irracionalidad colectiva durante la crisis sanitaria en nuestro país. Lo ocurrido el pasado dos de mayo en el Hospital de Ecatepec Las Américas, es un claro ejemplo de ello. La falta de información a familiares de pacientes derivó no sólo en la violación de protocolos de seguridad dentro del nosocomio, violentando los esquemas de manejo de cadáveres, sino que también, expuso potencialmente al contagio a las decenas de personas que protagonizaron la trifulca.
El cálculo y manejo político de la salud pública en momentos como éste, se evidencia catastrófico ya que resulta cancerígeno para las de por sí limitadas capacidades institucionales que se tienen para hacer frente al problema en México y estados como Michoacán.
En ese entorno en nuestro Estado encontramos –entre otros muchos aspectos- fuente de dudas por su opacidad y falta de trasparencia lo relacionado con la aplicación de las pruebas para la detección de Covid-19.
En el ámbito nacional la discusión pública del tema radica en si México es el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos pruebas realiza -apenas con 0.4 por millar de habitantes- y por ende, las estimaciones del Gobierno Federal sobre los casos existentes van muy por debajo de lo real, con la perspectiva de promocionar políticamente un modelo exitoso que en lo real tiene su base en la omisión.
El problema se agudiza más en los Estados que, ajenos al foco de atención federal –que generalmente atiende como nacional lo que se suscite en el Valle de México- adolecen la opacidad y falta de transparencia en su institucionalidad local.
En Michoacán, a casi dos meses de instalados de lleno en la contingencia sanitaria, a seis semanas del primer deceso por Covid-19, y con 56 fallecimientos acumulados hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido ni un solo reporte formal sobre los criterios y rutas de aplicación de pruebas.
Públicamente se desconoce en qué municipios y cómo se han venido aplicando, a quién y cuándo.
Tampoco existe claridad acerca de quiénes las están aplicando y cómo se concentra la información respectiva. Extraoficialmente se conoce que las instituciones federales de salud en territorio michoacano llevan sus registros propios que reportan a la Secretaría de Salud del Estado como instancia concentradora de la información estatal. Pero la ruta de las pruebas en Michoacán está en absoluta opacidad.
Los únicos datos concretos y oficiales que se tienen son de los pacientes estudiados que aparecen en los reportes diarios emitidos por Gobierno del Estado y que, en para el cinco de mayo ascendían a 2.3 mil (1,623 negativos, 319 sospechosos, y 432 confirmados).
Tomando como referencia mayo, vemos que para el día primero, el registro era de dos mil 75 pacientes estudiados; en el día dos, sumaban dos mil 121; en el tres, eran dos mil 176; para el día cuatro, sumaban dos mil 297; y el día cinco, eran dos mil 374. Esto implica que durante mayo, en promedio se han realizado al día 75.4 pruebas en Michoacán.
Partiendo de esos datos, podemos observar que en Michoacán se han aplicado alrededor de 0.5 pruebas por cada millar de habitantes, cifra ligeramente por encima del promedio nacional.
Sobre la aplicación de las pruebas no queda claro quién las realiza, si es sólo en laboratorios del servicio público, si se optó por la subrogación del servicio, si intervienen particulares y cuánto es el recurso que se está erogando para tal efecto.
En el IMSS por ejemplo, en Michoacán dentro del régimen ordinario existen 45 Unidades Médicas Familiares y diez hospitales, mientras que en el IMSS Bienestar hay siete hospitales y 338 unidades médicas rurales. En todos ellos si un paciente tiene síntomas se canaliza al módulo respiratorio o al triage respiratorio, en donde se verifica si se registran la mayoría de síntomas por Covid y en caso de ser así, se aplica la prueba respectiva que se manda analizar.
El IMSS no cuenta con un laboratorio propio en Michoacán para la realización de pruebas, por lo que éstas son turnadas a la Secretaria de Salud del Estado o bien a la Ciudad de México. Normalmente el resultado de la prueba debe tardar de tres a cuatro días.
Sobre la ruta de las pruebas por Covid que se sigue en los Servicios de Salud del Estado, no existe claridad debido a la ausencia de reportes formales al respecto.
La falta de transparencia y claridad en la información deviene en estrés social y la proliferación de informaciones múltiples que poco abonan a la confianza sobre el actuar del sector público.
Un ejemplo de ello lo encontramos en el municipio de Huetamo, en donde el pasado 28 de abril se reportaba la muerte de dos personas en el IMSS COPLAMAR con síntomas de Covid-19. La información fue proferida a medios locales de comunicación por el director de la Clínica.
Incluso personal el Instituto en el lugar reportaba la posibilidad del cierre temporal del hospital debido a que el contacto con ambos pacientes no había contado con los protocolos requeridos, por lo que corrían el riesgo de haberse contagiado y ser un posible foco de infección para terceros. Informaban además que habían sido ya sometidos a la prueba respectiva para determinar si habían sido o no contagiados.
Transcurrió miércoles, jueves, viernes y sábado sin información alguna de los resultados de las pruebas aplicadas (los cuatro días que tarda el estudio), y fue hasta el lunes a través de un comunicado del Ayuntamiento de Huetamo –no de las autoridades de salud- que se informó que los casos habían resultado negativos. Las entrevistas con la prensa para abordar el asunto quedaron vetadas.
Pese a la situación suscitada en el lugar y las pruebas practicadas, los reportes del Gobierno del Estado no consignaron ningún caso en Huetamo sino hasta una semana después, el martes cinco de mayo, pero sólo fue a nivel de caso confirmado, porque hasta el momento oficialmente dicho municipio no aparece en el mapa de defunciones por Covid-19. Así las cosas.
