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Virtudes y vicios de las coaliciones

Que dos o más partidos se alíen para competir en las elecciones es un derecho y una práctica común en todos los países democráticos. En México existía ese derecho -ya fuera por medio de coalición o candidatura común-, aun antes de que hubiera elecciones realmente democráticas. Por ejemplo, desde 1958 y hasta 1982, dos partidos menores (PPS y PARM) invariablemente postularon como su candidato presidencial al abanderado del PRI. En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas, recientemente disidente del PRI, fue postulado por el PARM, el PPS, el PFCRN y el PMS.

A partir de 1989, la ley prohibió las candidaturas comunes en el ámbito federal y reguló más estrictamente las coaliciones; entre otras reglas, que los partidos aliados compartirían un solo emblema. Esta modalidad tenía el propósito de ofrecer a los electores una propuesta política más clara, con partidos que -teóricamente- compartieran objetivos de gobierno. Una regla de ese modelo de coalición era que los partidos aliados convenían, antes de las elecciones, qué proporción de la votación común le tocaría a cada uno. Así los aliados trataban de asegurarse el porcentaje mínimo para conservar su registro como partidos. Un efecto vicioso de esta modalidad fue que algunos partidos carentes de representatividad ciudadana se beneficiaban de la votación del partido coaligado más fuerte.

Tratando de corregir ese efecto, en 2008 se reformó el código electoral para que cada partido coaligado aparezca en la boleta con su propio emblema, y sus votos de suman para la candidatura de la coalición. Así se mediría la fuerza electoral real de cada partido. Sin embargo, esa regla dejó un resquicio por el cual se podría colar una representación política falaz. En las elecciones de 2015, el PRI, coaligado al PVEM, “prestó” algunos militantes suyos para ser registrados como candidatos del PVEM, a fin de que no se le sumaran a su total de escaños. En su momento, el PRD y el PAN denunciaron que siete triunfadores del PVEM en realidad pertenecían al PRI, y que con esa simulación el PRI esquivó el límite de la sobrerrepresentación (no mayor a 8%) establecido en la Constitución y la ley.

 

En 2018 la coalición encabezada por el partido Morena utilizó ese mismo recurso. Coaligado al PT y al PES, estos dos partidos registraron como suyos a muchos militantes de Morena, una parte de los cuales resultaron ganadores en distritos uninominales. De 220 diputaciones de mayoría relativa ganadas por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 106 fueron registrados a nombre de Morena, 58 por el PT y 56 por el PES. En la distribución de escaños por Representación Proporcional se aplicó a Morena y al PT, por separado, el límite de sobrerrepresentación, de tal manera que a Morena se le asignaron 85 escaños y al PT, sólo 3. Esto dio lugar a una solicitud de la representación del PT ante el INE, en la que cándidamente declaraba que una parte de sus candidatos triunfadores no eran suyos, y por ende se le debían asignar más. De hecho, muchos de las diputaciones de mayoría contadas al PT pertenecían a Morena; por ejemplo, precisamente el coordinador de la bancada morenista llegó a la Cámara por el PT.

 

En realidad, los tres partidos de esta coalición salieron beneficiados. El PT y el PES, con una votación propia bastante modesta (4% el PT y 2.5% el PES, por lo que éste perdió su registro como partido), “ganaron” cada uno medio centenar de triunfos de mayoría (aunque muchos no eran suyos y no se quedaron en su bancada). Por su parte, Morena, cuyo emblema obtuvo el 37% de la votación total y 41.3% de la votación nacional emitida, cuenta con 257 escaños, 51.4% de la Cámara, gracias a que eludió parcialmente el tope de sobrerrepresentación por medio del “préstamo” de candidaturas a sus aliados, más la “devolución” de una parte de éstas y cinco adhesiones posteriores del PVEM. En total, la Coalición Morena-PT-PES suma 308 diputaciones, 64% de la Cámara, habiendo recibido 43% de la votación total y 45.7% de votación nacional emitida. Mediante un manejo “ingenioso” de las reglas de coaliciones y de la sobrerrepresentación, una minoría de votos ciudadanos se tradujo en una amplia mayoría parlamentaria.

 

Tal distorsión de la representación política no es sana para la democracia. Sería bueno revisar la legislación al respecto y sus reglas de aplicación a la asignación de diputados de representación proporcional y al tope de sobrerrepresentación.

 

 

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