Por unanimidad, el Congreso de Michoacán aprobó la minuta de reforma a la Constitución Política Federal, para impedir que ocupen cargos públicos quienes tengan sentencia firme en casos de violencia, por delitos sexuales o sean deudores alimentarios.
Sin embargo, debido a la tardanza de los diputados para sesionar, la LXXV Legislatura local quedó fuera del proceso de aprobación de la modificación a los artículos 38 y 102 de la Carta Magna Federal, que desde el pasado 17 de mayo fue respaldada por 17 Congresos locales.
En la sesión plenaria de este jueves, al menos 3 diputadas argumentaron a favor de la iniciativa que permitirá establecer el “3 de 3 contra la violencia” en el país, de tal manera que no podrán ocupar cargo público, empleo o comisión públicos, los deudores alimentarios, los agresores y los sentenciados por delitos sexuales.
La priista Adriana Hernández Íñiguez lamentó que el voto del pleno legislativo se haya dado, luego de que el Senado de la República ya emitió la declaratoria para hacer oficial la modificación, que impedirá que agresores físicos o sexuales, así como deudores alimentarios puedan participar en la contienda
“Lamento que el Congreso de Michoacán no seamos parte de la historia en este paso tan importante para las mujeres, al no haber sido de las primeras que aprobaron esta reforma”.
En tanto, la panista Ivonne Pantoja Abascal consideró que la reforma pone un alto a los violentadores que desde el poder amedrentan a las víctimas o se protegen para no ser castigados.
“Celebro que por fin haya llegado esta modificación al pleno para poder ser aprobada, no permitiremos que ningún violentador llegue a cargos de elección, no permitiremos que vuelvan a ser candidatos o que ocupen espacios públicos”
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fraga Gutiérrez aclaró que la reforma aplica a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la federación, estados y municipios, lo que representa un paso en la lucha para la erradicación de la violencia.
“El proyecto es un gran avance en el país, al elevar a rango constitucional la medida 3 de 3 contra la violencia y establecerla como un requisito para ser registrado como candidato o candidata de elección popular, otorga certeza a las víctimas de violencia sobre la no elegibilidad de sus agresores”
En el documento, la Comisión de Puntos Constitucionales argumentó que desde el 30 de agosto del 2022, en Michoacán se estableció que las personas que pretendan registrase para ocupar un cargo público, no podrán hacerlo si tienen sentencia firme en casos de violencia familiar, doméstica, política en razón de género o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; como deudor alimentario moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias o que se encuentre vigente en algún padrón o registro de deudores alimentarios morosos.
