Morelia, Michoacán. — Tras los señalamientos y ataques difundidos en redes sociales contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, la magistrada del Tribunal Electoral del estado de Michoacán (TEEM), Yurisha Andrade Morales, advirtió que una sanción por violencia política en razón de género puede derivar incluso en la negativa de registro como candidato rumbo al proceso electoral 2027.
Aunque el Tribunal aún no ha recibido ningún expediente formal relacionado con el caso, explicó que primero corresponde al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sustanciar la queja y, en su caso, remitirla al órgano jurisdiccional para emitir sentencia.
“Todavía no tenemos ningún aviso. Recuerden que los procedimientos especiales sancionadores por violencia política por razón de género se presentan en el Instituto Electoral de Michoacán. Entonces el IEM es el encargado de sustanciar e integrar el expediente y sobre ello ya nos remiten a nosotros para que nosotros emitamos la sentencia correspondiente”, puntualizó.
La magistrada reconoció que acreditar violencia política en razón de género no es sencillo, ya que deben comprobarse cinco elementos establecidos en la jurisprudencia. El más complejo, explicó, es demostrar que la agresión fue dirigida a una mujer específicamente por su condición de género.
“El tema para calificar y que se acredite la violencia política por razón de género es un tema un poco difícil… muchas veces llegamos a acreditar cuatro aspectos y en el quinto es donde nos atoramos, porque tiene que acreditarse que se ha dirigido a una mujer por ser mujer y que sea en menoscabo de los derechos de una mujer”, explicó.
En casos donde existen videos, publicaciones o señalamientos públicos, pueden funcionar como indicios; sin embargo, deben analizarse de forma integral para determinar si existe un componente de género.
Andrade Morales subrayó que el análisis siempre debe realizarse bajo perspectiva de género, es decir, priorizando la protección de los derechos de las mujeres en la vida política.
Más allá del debate público, la magistrada enfatizó que la consecuencia más severa es la inscripción en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
“Una sanción que para mí es la más importante podría ser inscribirlos en el registro nacional y estatal de personas que han sido sancionadas por violencia política por razón de género. ¿Qué significa esto? Pues que las personas no puedan contender a algún cargo público”, señaló.
La temporalidad de esa inscripción puede ir de 12 a 36 meses, dependiendo de la gravedad del caso, por lo que de acreditarse antes del arranque formal del proceso electoral en septiembre podría impedir una candidatura.
